La Defensoría del Pueblo de Colombia pidió al Gobierno nacional revisar tres nombramientos recientes en entidades del Estado, al señalar que las personas designadas enfrentan denuncias o procesos relacionados con presuntas violencias contra mujeres.
El organismo advirtió que estos nombramientos contradicen los compromisos institucionales de tolerancia cero frente a la violencia de género.
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La Defensoría identificó los tres casos en su pronunciamiento del 22 de octubre de 2026:
- Un hombre nombrado como asesor del Ministerio de las Culturas enfrenta un proceso penal por presuntos hechos de violencia sexual ocurridos durante el ejercicio de funciones diplomáticas en Chile.
- Un general en retiro Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, con un proceso por presunto acoso sexual fue mencionado como posible candidato a un cargo directivo de seguridad en Ecopetrol.
- El presidente de Coljuegos, Jaime Gregorio Vives Pinedo, por su parte, tiene una denuncia por presuntos hechos de violencia intrafamiliar y violencias basadas en género.
La Defensoría del Pueblo, institución del Estado colombiano encargada de velar por los derechos humanos, y puntualizó que la presunción de inocencia debe respetarse y que corresponde a la justicia establecer las responsabilidades penales.
Pese a ello, el organismo sostuvo que ese principio no exime al Estado del deber de actuar con debida diligencia al decidir quién ocupa cargos de alta responsabilidad pública.
El organismo planteó una pregunta sobre el efecto institucional de estas decisiones: qué señal reciben las mujeres que ya han denunciado cuando sus denuncias parecen no tener peso en los procesos de selección de funcionarios, y qué efecto tiene esa señal sobre quienes aún evalúan si hacerlo.
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Dos exigencias concretas al Gobierno
La Defensoría formuló dos pedidos formales. El primero consiste en que el Gobierno nacional y las entidades involucradas revisen los nombramientos y las posibles vinculaciones mencionadas.
El segundo insta a todas las entidades del Estado a adoptar criterios claros, públicos y consistentes para este tipo de designaciones.
Esos criterios deberían contemplar, según el organismo, la gravedad de los hechos denunciados, el estado de los procesos en curso, la naturaleza del cargo a ocupar, los posibles conflictos de interés y los riesgos de presión, represalias o revictimización para las denunciantes.
La Defensoría también apuntó a una contradicción de fondo: el Estado promueve campañas de prevención, adopta protocolos y solicita a las mujeres que confíen en las instituciones, mientras sus decisiones sobre quién ejerce el poder público transmiten mensajes en sentido contrario.
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El pronunciamiento describe un patrón documentado por la propia institución: las violencias contra las mujeres pueden afectar su salud mental, autonomía, seguridad y proyecto de vida.
Las barreras para acceder a la justicia —entre ellas el temor a represalias y la revictimización— se agravan cuando las instituciones no ofrecen respuestas oportunas.
En Colombia, la Ley 1257 de 2008 establece que el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género y de adoptar medidas para evitar la impunidad. Por lo anterior, se recordó desde la Defensoría del Pueblo que es el órgano constitucional de control que puede emitir pronunciamientos de este tipo, aunque sus resoluciones no tienen carácter vinculante para el Ejecutivo.
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El organismo concluyó que las violencias contra las mujeres no constituyen un asunto privado y que los nombramientos en el sector público tienen una dimensión institucional que va más allá de los procesos judiciales individuales.
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