El 17 de enero del 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor, en segunda instancia, de la artista Carolina Sabina en contra de la Fiscalía General de la Nación. El ente acusador deberá cancelar a favor de la actriz y cantante una suma superior a los 400 millones de pesos.
El tribunal también estableció que la Fiscalía debe pedir disculpas públicas a Sabino y a su familia, ello en consecuencia de los daños que le produjo el proceso de investigación desarrollado por la interrupción voluntaria de un embarazo a la que se sometió.
La sentencia fue proferida por los magistrados Bertha Lucy Ceballos Posada y Juan Carlos Garzón Martínez. En el documento se establece que, administrativa y patrimonialmente, la nación es responsable por los perjuicios causados a los demandantes. Así que también se debe pagar una indemnización a la madre de la actriz, su hijo y hermanos.
La jurisprudencia generada también resulta de importancia, pues el fallo judicial señaló que: “la mujer es un sujeto especial de protección reforzada, por lo que el deber de la Fiscalía de investigar los delitos no era excusa para no haber adelantado la indagación con enfoque de género, a fin de garantizar una justicia accesible, igualitaria y respetuosa de los derechos de la mujer”.
Se consideró, también, que al tratarse de una figura pública, una vez fueron divulgados aspectos de su vida privada, le fueron vulnerados sus derechos a la intimidad, al hogar y a la caracterización que de sí misma logra ante los demás, que es la definición dada por el tribunal de imagen social.
La sentencia también afecta a un medio de comunicación local de Popayán, el cual hizo pública la historia clínica de Sabino. Un hecho que, según el tribunal, violó los derechos de confidencialidad de la actriz y cantante. Cabe destacar que durante la investigación a Sabino, la Fiscalía General de la Nación estaba en cabeza de Eduardo Montealegre.
Desde distintas organizaciones sociales, enfocadas en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, se han presentado distintas reacciones. Tal es el caso de Causa Justa por el Aborto, desde donde se afirmó que:
Esta decisión se resuelve el mismo día que desde el Ministerio de Salud se anunció la adopción de una regulación frente a la atención integral de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de acuerdo con la decisión de la Corte Constitucional, contemplada en las sentencias C-355 del 2006 y SU-096 de 2018.
Donde se fijó que todo procedimiento y atención de las mujeres embarazadas, estaría exento de copagos o cuotas moderadoras, por parte de la empresa o centro médico que lleve a cabo la intervención. Todo de acuerdo a lo contemplado en el decreto 1652 de 2022.
El acto administrativo señala la obligatoriedad de cumplir con las sentencias de la Corte Constitucional por parte de la Superintendencia de Salud, EPS, IPS, centros médicos y toda entidad promotora de salud en el país a realizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo bajo varios parámetros de calidad.
Seguir leyendo:
Más Noticias
Bodø/Glimt dio el batacazo y goleó al Sporting Lisboa de Luis Javier Suárez en los octavos de final de la Champions League
Los Leones fueron ampliamente sueprados por los noruegos, la gran sensación de esta edición del torneo de clubes y le propinó un 3-0 inapelable en el Aspmyra Stadion
Los bancos explicaron por qué en 2026 tendrán que subir los intereses de los créditos que otorgan a los colombianos
El entorno volátil obliga a hogares y empresas a priorizar estrategias de ahorro e inversión prudente para enfrentar la nueva realidad financiera
La Dian decomisó más de $16.000 millones en confecciones, juguetes y medicamentos de contrabando en Medellín, Bogotá y Buenaventura
Las inspecciones realizadas en colaboración con la Fiscalía y la Policía Fiscal y Aduanera permitieron detectar actividades destinadas a evadir el pago de impuestos
El Consejo de Estado puso límites al uso de redes oficiales del Gobierno: falló contra dos entidades por difundir mensajes políticos
Las decisiones judiciales establecieron que las redes institucionales deben emplearse exclusivamente para informar sobre la gestión y los servicios de cada entidad, y no para replicar narrativas políticas ajenas a su misión
Tribunal confirmó y aumentó la condena contra Diego Cadena por soborno a testigos: lo sentenció a 104 meses de prisión domiciliaria
Juan José Salazar, segundo procesado, fue condenado a 94 meses de privación de la libertad
