La Fiscalía General de la Nación le notificó recientemente al Gobierno nacional que no firmaría la solicitud de levantar las órdenes de captura en contra de 16 integrantes del Clan del Golfo y Los Pachenca. Esa decisión fue rectificada el miércoles 18 de enero por el líder del ente acusador, Francisco Barbosa, quien aseguró que el camino que deben seguir esos grupos criminales empieza por acogerse a una ley de sometimiento.
La solicitud de la administración de Gustavo Petro pretendía vincular a los miembros de las organizaciones al margen de la ley al proyecto de paz total; sin embargo, para la Fiscalía no es negociable suspender las órdenes de cabecillas como alias Chiquito Malo, quien habría tomado el liderazgo de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) —como también se le conoce al Clan del Golfo— tras la captura y extradición de alias Otoniel.
Barbosa señaló ante los micrófonos de Blu Radio que para la entidad que lidera no tiene sentido “oponerse a la idea de paz total”. El funcionario precisó que en diciembre recibieron la solicitud del levantamiento de las órdenes de captura en contra de miembros de las disidencias de las extintas Farc, pero “cuando nos solicitan el Clan del Golfo y de Los Pachenca, que no tienen carácter político, no existen condiciones constitucionales”.
Por otra parte, el líder del ente acusador resaltó que fue elegido por la Corte Suprema de Justicia y precisó la importancia del papel que ejerce para la diferencia de poderes en el país. “Yo no voy a pasar por la historia de este país como aquel que le validó, sin razones jurídicas y sin ningún tipo de consideración, la liberación a personas que, en este caso, son organizaciones criminales”, puntualizó y recordó que esas personas “han matado a líderes sociales y a los reincorporados”.
Para la Fiscalía es importante que existan condiciones de sometimiento a la justicia, reparación a las víctimas y no repetición. Hasta entonces, “no voy a firmar ningún tipo de solicitud”..
La posición frente a la respuesta del Gobierno nacional
Francisco Barbosa manifestó ante Blu Radio que no tiene problemas personales con el presidente, aunque sí llegó a contactar al Gobierno nacional respecto al proyecto de paz total “porque nos estaban llegando los decretos en cascada”. Dos horas después recibieron una respuesta en la que afirmaban que ya no iban a recibir más ese tipo de documentos.
En su momento, el ministro del Interior y vocero del Gobierno, Alfonso Prada, resaltó que la Fiscalía se fundamentó en dos decretos que se expidieron en 2012 y 2015 para abstenerse de firmar. “No están diseñados para levantar órdenes de captura de organizaciones armadas de alto impacto del crimen”, puntualizó el jefe de cartera.
Por ese motivo, la Ley 2272 de 2022 —también conocida como la Ley de la Paz Total— cambió esa normativa, “facultando al presidente para solicitar la suspensión de este tipo de órdenes de captura”. En ese sentido, esos grupos criminales tendrían derecho a tener status político y a reconocerse en una mesa de diálogo.
La posición del ente acusador también fue replicada por la Procuraduría General de la Nación, especialmente por su líder, Margarita Cabello. Al respecto, el jefe de Estado indicó que sus decisiones son “una profunda equivocación” y detalló que la paz es un derecho constitucional amparado en la Carta Magna de 1991: “Todos los funcionarios públicos, incluido ella e incluido yo, debemos obedecer la Constitución”.
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