El contralor general de la república, Carlos Hernán Rodríguez, anunció una auditoría de cumplimiento a la sentencia T - 302 de 2017 de la Corte Constitucional donde se reclama al Estado por los derechos al agua, salud y alimentación de la comunidad Wayuu.
El proceso de seguimiento y control se desarrollará en el primer semestre del año el 23 de enero próximo.
En el evento deberán participar la contraloría delegada de inclusión social, la gerencia departamental colegiada de la Guajira, y las delegadas para el posconflicto, así como actores de la población civil e institucionales de los sectores salud, educación, gestión pública, defensa, vivienda, medio ambiente, infraestructura y del sector agropecuario.
El organismo de control espera que el proceso concluya el 23 de junio del presente año.
Las tareas de seguimiento, vigilancia y control de las acciones implementadas para el cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017 incluye a entidades como: el ICBF, al DANE, la UNGRD, varios de los ministerios, Presidencia de la República y autoridades locales como Gobernación de La Guajira y las alcaldías de los municipios afectados por la sentencia.
La decisión corresponde con las alertas y hallazgos reportados por el ente de control. El 17 de enero, la Controlaría General de la República reportó el incumplimiento de los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) entre el período 2018-2022, el cual estaba pensado para mejorar la situación nutricional de los grupos étnicos en Colombia, especialmente de la niñez indígena.
Durante estos años se registró que el departamento de La Guajira ocupó el primer lugar en los indicadores de mortalidad infantil por desnutrición en menores de cinco años.
El ente de control llamó la atención sobre la situación actual de la desnutrición y falta de atención que sufren los niños en esta población. Por medio del documento “La deuda del Estado Colombiano con la niñez étnica”.
Este mismo día, La Contraloría informó que detectó 30 hallazgos fiscales por $132.025 millones de regalías en La Guajira. Del total, 95% ($125.739 millones) fueron declarados de impacto nacional. Desde este organismo se afirmó “con evidente falta de planeación, obras que no prestan el servicio para el cual fueron hechas, urbanizaciones de vivienda sin terminar, escenarios recreativos y deportivos que fueron entregados y se encuentran en mal estado y abandonados”.
Se calcula que $37.000 millones corresponden a los resultados de la Actuación Especial sobre el OCAD Paz. Pero el mayor detrimento patrimonial, declarado de impacto nacional, alcanza los $15.616 millones, resultado de la implementación de un sistema de producción agrícola y pecuario para fomentar la agricultura campesina, familiar y comunitaria (ACFC) en el municipio de Dibulla.
Dentro de los hallazgos fiscales que determinó la Contraloría están los más de 14 mil millones que están detrás del proyecto de construcción y adecuación de escenarios recreativos y deportivos en la zona rural y urbana en el municipio de Jagua del Pilar. La obra, a pesar de haber sido entregada, no se encuentra a disponibilidad del uso de la comunidad. “Se encuentra en mal estado y en condición de abandono”, reportó la entidad.
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