Astrid Cáceres Cárdenas se convirtió en la nueva subdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Esto sucede en medio de las polémicas que han surgido a raíz de las denuncias de abuso sexual en el Guaviare. La nueva funcionaria, de hecho, tendrá dentro de sus tareas vigilar de cerca esta problemática. Así lo anunció el presidente de la República, Gustavo Petro.
Cáceres Cardenas, en la actualidad, está a cargo de la comisión que fue enviada por el feje de Estado para, precisamente, hacer seguimiento a lo ocurrido en aquella zona del país. Tal y como destaca en su hoja de vida, es licenciada en educación infantil, tiene una maestría en educación y desarrollo comunitario y otra en estudios políticos.
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Trabajó en la Secretaría de Integración Social de Bogotá cuando el mandatario colombiano se desempeñaba como alcalde de Bogotá, e hizo parte del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Así mismo, laburó en la Gobernación del Magdalena. También ha sido docente en la Universidad Pedagógica.
Esta semana la Procuraduría anunció que había abierto investigaciones disciplinarias en contra del director regional del ICBF en Guaviare, Joaquín Mendieta Silguero, tras ser acusado de conocer de la existencia de actitudes violentas en contra de menores de edad en aquel territorio del país. Las acusaciones surgieron luego de que se hiciera público un informe periodístico en el que se expuso la supuesta de ocurrencias de vejámenes sexuales en contra menores indígenas de esta región amazónica ocurren en San José del Guaviare.
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“La mayoría de los clientes son militares desplegados en los batallones cercanos a los asentamientos nativos. El resultado inmediato: el 20 por ciento de los embarazos del hospital principal de la ciudad son de indígenas menores de edad”, comentaba el trabajo periodístico de Univisión.
El ente investigador asegura que Silguero, “al parecer conoció de dichos hechos y omitió sus deberes funcionales que le imponen tomar medidas urgentes frente al restablecimiento de los derechos de dichos menores y presentar la respectiva denuncias”. El 23 de enero de 2023, sobre las 9:00 de la mañana, el funcionario tendrá que presentarse ante el Procurador Regional de Instrucción para que rinda “de manera libre y espontánea” su versión respecto de los hechos.
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El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, sobre el tema, aseguró que el informe es falso. En particular, hizo énfasis en desmentir el caso del supuesto abuso de una niña de 10 años, de la comunidad indígena Nukak, a manos de un soldado estadounidense. De aquel abuso, dicen las denuncias, habría resultado un embarazo.
“Desde el 12 de enero nosotros tenemos un equipo especializado de la dirección de Derechos Humanos, conformado por fiscales, investigadores, médicos forenses de la mayor experticia y liderados por la vicefiscal general de la Nación, hicimos varios desplazamientos y acciones urgentes y podemos decir que es falsa la información que se presentó por parte del medio Univisión, mañana yo informaré con una carta al presidente del medio internacional porque no puede informar o tratar de explicar una situación de dificultad de derechos humanos en esta región a partir de una información falsa”, aseguró.
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El presidente de la República, Gustavo Petro, por su parte, calificó los actos denuncias de estos actos como “etnocidio”. “Se trata de una acción sistemática, de violación y abusos sexuales de niños y niñas, muchos indígenas, que por comida o como por doparse para no sentir hambre, intercambian favores sexuales con una población indudablemente degradada”, señaló el mandatario en medio de una intervención ofrecida desde Jericó, Antioquia, lugar en el que se llevó a cabo el denominado Diálogo Regional Vinculante.
“No es una actividad clandestina hecha contra la misma familia, sino que se han alcanzado niveles de complicidad de la misma comunidad que no ve otro camino que prostituir a sus propios niños para obtener comida y eso se llama un etnocidio”, enfatizó.
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