
Hace tiempo que el uso de agroquímicos dejó de ser tema de conversación exclusivo de los ingenieros agrónomos para instalarse en la agenda de todos. Con información verdadera o falsa, con mayor o menor nivel de conocimiento, lo cierto es que la presión social sobre el sector productivo está en alza, la lupa se cierne sobre los cultivos para asegurar su inocuidad en la salud humana y reducir el impacto ambiental de la producción.
Con demoras, los diferentes estratos del Estado tomaron nota de esto y empezaron a definir acciones, de las que en estos días llegaron varias noticias. En Córdoba, el Ministerio de Agricultura y Ganadería provincial investiga la contaminación de cultivos y arboledas por la aplicación de herbicidas hormonales sin receta en lotes vecinos.
En Buenos Aires se están formando mesas de diálogo entre los sectores público y privado para establecer regulaciones sobre el uso de fitosanitarios. Y la nota más resonante llegó esta semana desde La Pampa, donde el gobierno provincial directamente prohibió hasta nuevo aviso la comercialización de agroquímicos, tras cumplirse el plazo que se había establecido para que estuviera en funcionamiento un sistema de gestión de envases vacíos.
La ley Nacional N° 27.279, de Productos Fitosanitarios disponía que se instalaran en esa provincia tres Centros de Acopio Transitorio (CAT) para los bidones vacíos de herbicidas, fungicidas e insecticidas, además de un sistema para la trazabilidad de esos envases, y el ente designado para dicha tarea fue la Fundación Campo Limpio, conformada por la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes y la Cámara de la Industria de Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa).
El procedimiento establecido indica que los productores agropecuarios, una vez utilizado el producto en cuestión, deben perforar el envase y hacer un triple lavado del mismo antes de enviarlo a los centros regionales de almacenamiento.
El director ejecutivo de Campo Limpio, Ernesto Ambrosetti, aseguró la semana pasada a un medio provincial que ya estaban listos para empezar a funcionar tres centros ubicados en las localidades de Alta Italia, Colonia Barón y Macachín, pero el gobierno provincial, a través de una disposición de la Subsecretaría de Ambiente, firmada por su titular, Fabián Titarelli, decidió esta semana prohibir la comercialización de productos fitosanitarios en toda la provincia.
“Los centros de acopio de Alta Italia y Colonia Barón están apenas en un 40 por ciento de avance, y el de Macachín mucho menos. Nosotros tenemos la intención de que los productores puedan trabajar como lo vienen haciendo, no queremos obstaculizar la operatoria, pero la Ley es muy clara y el plazo se terminó”, indicó Titarelli.
La ausencia de un alambrado perimetral, o de una rejilla para la evacuación de líquidos residuales, o de sanitarios para el personal, son algunas de las falencias que encontraron las inspecciones de las autoridades provinciales. Además de estas cuestiones de infraestructura, la Fundación Campo Limpio deberá atender la articulación logística para el transporte de los envases, del campo a los CAT y de los CAT a los destinos finales de los envases.
Repercusiones
La Federación de Distribuidores de Insumos Agropecuarios (Fedia) se expresó respecto a la medida del gobierno pampeano afirmando que tendrá consecuencias muy negativas en las agronomías y cooperativas pampeanas dedicadas a la venta de agroinsumos y que “pone en serio riesgo sanitario a la producción en curso, teniendo incluso que señalar, que un avance significativo en la población de orugas y enfermedades foliares, se están produciendo en la zona, y que los cultivos no estarán exentos de otro tipo de amenazas, en el corto y mediano plazo, si no son aplicados los procedimientos preventivos correspondientes”.
Mientras tanto, la campaña agrícola avanza y seguramente los productores más previsores ya contarán en sus galpones con los productos necesarios para el cuidado de sus cultivos. Los que no, tendrán que calcular los porcentajes de pérdida ocasionados por el gusano cogollero en maíz o la mancha ojo de rana en soja, o bien esperar a que el problema se resuelva y el gobierno de La Pampa levante la prohibición.
La prolongación de la prohibición impuesta, según Fedia, será un agravante que empeorará el panorama. “Es por ello que solicitamos se reconsidere esta medida y se reemplace por una más justa y que realmente apunte a señalar la falta de los verdaderos responsables de esta situación”, remarcaron.
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