Al menos 123 reclusos que estaban detenidos en 302 calabozos policiales fallecieron durante el año 2021 en Venezuela, de acuerdo con un informe publicado este miércoles por la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL).
De los 123 fallecidos en estos centros de detención preventiva, 95 murieron por complicaciones de salud, 15 en procedimientos policiales de recaptura a fugados, cinco en riñas, cuatro en motines, tres por abusos de funcionarios y uno por suicidio.
La organización aseguró, en el informe, que el hacinamiento en estas prisiones paralelas siguió “siendo un problema” en el 2021, pese a que el dictador Nicolás Maduro ordenó la creación, en junio de ese año, de una Comisión de la Revolución Judicial del Parlamento, cuya principal e inmediata tarea era acabar, en 60 días, con la aglomeración de detenidos en estos centros.
Sin embargo, la ONG sostiene que la instancia no pudo, “como era de esperar, resolverlo en seis meses -junio a diciembre- y menos aún en los supuestos 60 días en los cuales debía lograrse el fin del hacinamiento en los CDP (centros de detención preventiva)”.
De acuerdo con el subregistro de Una Ventana a la Libertad, 16.595 reclusos están distribuidos en espacios que tienen capacidad para albergar a 10.310 personas por lapsos de 48 horas.
Estas cifras demuestran que, hasta el cierre de 2021, el hacinamiento era del 161 %.
Del total de la población reclusa, el 92 % son hombres y el 8 % mujeres.
“Hacinados, mal alimentados, en una situación sanitaria repugnante y en espacios mínimos para la convivencia de más de cinco a seis personas por celdas, además carecen de ventilación. Esto facilita el tránsito de las enfermedades (...), pues la convivencia en estos pequeños espacios mantiene a las personas detenidas enfermas en estrecha cercanía con los sanos”, reza el informe.
Esto sucede, según la fuente, en el 66,56 % de los centros monitoreados, y es también “una razón que nos hace preguntarnos si la baja incidencia de COVID-19 es real, en particular cuando solamente 13 calabozos o CDP -4,30%- de los monitoreados disponen de personal médico interno y 8 -2,65%- tienen personal de enfermería”.
“Una Ventana a la Libertad reitera que es fundamental resolver el hacinamiento porque tiene una grave incidencia en las condiciones de salud de las y los detenidos y, aunque no lo parezca, sobre la salud del personal que trabaja en estos recintos. Mientras no haya la debida atención preventiva en salud el derecho a la vida está siendo violado”, agregó la organización.
(Con información de EFE)
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