El Tribunal de Justicia del régimen de Nicolás Maduro ratificó las sentencias de entre ocho y 13 años de prisión contra los seis ex ejecutivos de Citgo detenidos en Venezuela desde 2017.
Mediante un comunicado, la Alta Corte informó que se “confirmó la sentencia” del tribunal “que condenó al ciudadano José Ángel Pereira Ruimwyk, ex presidente de la empresa Citgo, filial de la estatal petrolera Pdvsa en Estados Unidos, a cumplir la pena de 13 años y siete meses de prisión, por la comisión de los delitos de peculado doloso propio y concierto de funcionario con contratista”.
Además fue sentenciado a pagar “una multa de 2 millones de dólares equivalentes al 40 por ciento del valor de los bienes objeto del delito”, señala el TSJ en una nota de prensa difundida la noche de este viernes.
El fallo también “confirmó” la condena a “Tomeu Vadell Recalde, Jorge Luis Toledo Kohury, Gustavo Adolfo Cárdenas Cardona, José Luis Zambrano Colina y Alirio José Zambrano Colina, ex directivos de la misma empresa, a cumplir la pena de ocho años y 10 meses de prisión” por “los delitos de concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir”.
La decisión se conoció luego que los abogados defensores de los “Citgo 6″ apelaran en noviembre pasado las sentencias emitidas tras un juicio que arrancó en agosto de 2020, dos años y medio después de sus arrestos en noviembre de 2017.
Los ex funcionarios de la filial venezolana fueron condenados el 26 de noviembre de 2020.
“Lamentablemente no sabemos qué dice la decisión; pero puedo decir que no logro imaginar un argumento coherente y ajustado a derecho que permita confirmar una condena plagada de gravísimas y alarmantes violaciones a la ley y a las más elementales nociones de justicia”, dijo a la AFP Jesús Loreto, abogado defensor de Vadell.
LOS “CITGO 6″
Conocidos como los “Citgo 6″, cinco nacionalizados estadounidenses y uno con residencia permanente en ese país, el caso ha tensado aún más las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, que ha pedido en reiteradas oportunidades sus excarcelaciones.
El 21 de noviembre de 2017, el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, informó sobre la detención de estos ciudadanos luego de que firmaran contratos que “comprometían el patrimonio nacional y el futuro” de la filial de PDVSA “sin contar con el beneplácito del Ejecutivo Nacional”.
“La alta gerencia de Citgo (...) el pasado 15 de julio del año 2017 firmó un acuerdo internacional con las empresas Frontier Group Management y Apolo Global Management, basándose en una presunta refinanciación de los programas de deuda del año 2014 y del 2015″, dijo Saab en aquel momento.
En abril de 2021 les fue dictada una medida de arresto domiciliario, aunque fueron devueltos a prisión el 16 de octubre pasado.
Su abogada, María Alejandra Poleo, informó en ese momento a Efe que los seis ex directivos fueron llevados a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas.
La detención se produjo luego de que se conociera la extradición de Alex Saab -presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro- de Cabo Verde, donde estaba detenido desde hace más de un año y medio, a Estados Unidos para ser juzgado por delitos de corrupción, un hecho que Poleo relaciona con la vuelta a prisión de sus defendidos.
“Y como consecuencia de la extradición de Alex Saab, nuevamente los seis de Citgo son utilizados como monedas de cambio. Fueron trasladados al Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) para un presunto examen médico”, escribió inicialmente en Twitter la abogada, quien agregó que esperaba que “vuelvan a su casa por cárcel”, pero no ocurrió.
El pasado 14 de diciembre, Estados Unidos confirmó que una delegación del Departamento de Estado se trasladó a Venezuela para una “visita consular” a ciudadanos estadounidenses detenidos en ese país.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, aseguró en una conferencia telefónica con periodistas que se trató de “una visita consular”.
“El derecho de las visitas consulares es algo que tiene una historia milenaria en la diplomacia y eso fue el motivo de la visita”, zanjó el funcionario, sin que precisara mayores detalles.
La ONG defensora de derechos humanos Foro Penal los considera parte de los 242 “presos políticos” de Venezuela.
(Con información de AFP y EFE)
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