El informe presentado este jueves por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas reveló un patrón de graves violaciones de derechos humanos para sofocar a la oposición, lo que incluye secuestros, torturas y hasta un método nazi para amedrentar a los detenidos.
El documento, centrado en el sistema de justicia, denuncia que “el Estado no adoptó medidas concretas para remediar las violaciones de derechos humanos” y los crímenes de derecho internacional.
En el punto 73 del informe habla de cómo la persecución de la dictadura no se limitó a las figuras opositoras, sino también a su entorno cercano. Según detallaron, en base a las entrevistas realizadas en el país, “agentes de seguridad o de inteligencia presuntamente utilizaron tácticas criminales incluyendo el secuestro o la detención de miembros de la familia de opositores reales o percibidos, para lograr los arrestos”.
En el caso de un acusado de participar en la Operación Gedeón (una incursión marítima en mayo de 2020), relató que en su audiencia preliminar, agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) “lo torturaron y le dijeron que aplicarían el Sippenhaft (una táctica de castigo colectivo utilizada por los nazis)”.
Sippenhaft, traducido como responsabilidad familiar, se derivó como principio legal del derecho germánico de la Edad Media, pero fue adaptado por la Alemania nazi para justificar el castigo a parientes que poco o nada tuvieron que ver con los hechos de la acusación principal.
Fue Heinrich Himmler, jefe de las SS, quien impulsó la aplicación de ese criterio contra los acusados del Plan Valquiria, un fallido atentado para asesinar a Adolf Hitler en 1944. La supuesta “corrupción de la sangre” justificaba castigar a los familiares de los involucrados.
Por ejemplo, bajo este esquema fue juzgado y condenado por “traición” el hermano de Claus von Stauffenberg, Alexander von Stäuffenberg, pese a que trabajaba como oficial de las Fuerzas Armadas a cientos de kilómetros, en Grecia, mientras se preparó el atentado. La esposa de Von Stäuffenberg también fue condenada a prisión y sus hijos llevados a un orfanato, salvándose de ser procesados por ser menores.
Según el testimonio del acusado en Venezuela, luego de la amenaza recibida en la DGCIM, las autoridades chavistas cumplieron su amenaza y detuvieron posteriormente a sus dos hermanas y a su cuñado y los retuvieron en La Boleíta durante 32 días.
La Misión de investigación indicó que realizó 177 entrevistas, “muchas de ellas con actores del sistema de justicia, así como en una encuesta a ex jueces y juezas, fiscales y abogadas y abogados defensores venezolanos”.
Son frecuentes las denuncias de represalias en Venezuela contra familiares de opositores. El informe también señala que ex jueces y ex fiscales informaron que “tanto ellos como sus familiares han sido objeto de amenazas e intimidaciones, entre ellas escuchas telefónicas, vigilancia y seguimiento”, por lo que muchos de ellos se vieron obligados a abandonar el país.
Similar es el caso de abogados defensores. “De 56 representantes legales que respondieron al cuestionario de la Misión, el 57% dijo haber recibido alguna forma de amenaza o acoso en su contra o contra sus familias, incluso por parte de militares, policías o funcionarios de inteligencia. Dicho acoso incluía la vigilancia, la persecución agresiva en vehículos, la recepción de llamadas telefónicas intimidatorias o el bloqueo de la entrada a los tribunales”.
La misión fue creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019 para investigar sobre las violaciones de los derechos humanos contra opositores de las cuales se acusa al régimen de Maduro.
Venezuela, gobernada por Maduro desde 2013, vive una debacle social y económica que, según la última actualización de la ONU, ha forzado en los últimos años la salida del país de 6 millones de personas.
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