La airada reacción de un funcionario chavista cuando la temible Fuerza de Acciones Especiales lo obligó a detenerse

Un miembro de la Asamblea Constituyente por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que además ha ejercido una variedad de cargos en el Gobierno de Nicolás Maduro, manifestó airado porque un grupo de funcionarios de la temible Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un grupo elite de la Policía Nacional Bolivariana, lo detuvo en su vehículo cuando transitaba con su familia, por las calles de Coro, capital del estado Falcón. Andrés Eloy Méndez González amenazó con llevar el caso a las más altas instancias de la Fuerza Armada.

Lo relevante del hecho es que habló de acciones extrajudiciales, de violación de derechos y de la Ley. Méndez nunca ha hecho referencia a que FAES es señalada por gran cantidad de ejecuciones extrajudiciales, entre esas la del hijo de un dirigente de la revolución en el estado Lara, así como un escolta de la ministra de Asuntos Penitenciarios Iris Varela.

Méndez González es el presidente de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), pero también fue, desde 2014 y por nueve meses, Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), donde se dedicó a multar e inspeccionar tiendas de ropa como EPK, de tecnología y empresas de transporte, además de cadenas de farmacias y supermercados; fue bajo su gestión que fueron detenidos de una cadenas de farmacias y otra de mercados populares, a quienes señalaron de boicot.

Además, en el 2016 y por menos de un año, fue director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), desde donde se convirtió en un gran censor de medios, incluyendo la salida del aire de CNN en Venezuela. Inició carrera política, como director de Secretaría del Despacho de la Gobernación de Falcón y secretario de Gobierno, bajo la sombra de Jesús Montilla.

En un sonido que difundió asume que es un privilegiado y que si no hubiese sido él quién sabe qué hubiese pasado.

Lo que dijo Méndez

“No me voy a callar”, dice, para referirse al FAES: “Qué mal están llevando algunos funcionarios de ese grupo de respuesta inmediata, qué mal capitán Martínez subdirector del FAES”, de quien dice que se lo había acabado de encontrar.

“Uno viene saludando”, dijo ofendido, cuando los funcionarios lo obligan a estacionarse para revisar su camioneta. Aseguró que se hiciera una cuña para enviarla a nivel nacional “porque me parece que ya está bueno”.

Lo asombroso es que argumenta que “los venezolanos tienen derecho, estén donde estén. Y aquí no están suspendidas las garantías constitucionales, ni siquiera está totalmente eliminado el derecho a tránsito, está restringido que es distinto y en todo caso de violar cualquier norma en el medio de la restricción del Covid, ahí está el cuerpo sancionatorio. Todo legal”.

Méndez González no se ha enterado de que hay cientos de casos públicos, denunciados por familiares y víctimas, de la violación de los derechos, de allanamientos sin orden, de los asesinatos del FAES, tampoco de la tortura y asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, en manos de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), de la descarada violación de la Constitución y las leyes cuando una persona es detenida por los cuerpos de seguridad, desparecida durante días e incluso meses sin permitírsele que tenga la asistencia de sus abogados o comunicación con sus familiares.

En el sonido que graba, demostrando profunda indignación, Andrés Eloy Méndez asegura que “las cosas extrajudiciales, las cosas ilegales a mí me irritan, y no porque me las hagan a mí, porque uno muestra el carné y entonces terminan parándose firme”.

En tono airado reclamó que se siente distinto cuando lo para un policía de Falcón a cuando lo hace uno venido de otro estado. “Yo les exijo a estos cuerpos de seguridad, hayan venido de donde hayan venido, y lo digo como chavista, porque como chavista voy a vivir toda mi vida, respeten a los falconianos, ya está bueno, todos tienen derecho y dignidad”.

Se desplegó en una explicación leguleya del carácter garantista de la Constitución. “Nuestra constitución no es inquisitiva, se lo dio a usted señor Martínez, subdirector del FAES en Falcón. El código de procesamiento criminal lo enterramos en el 99. Los ocho días a órdenes de un comisario lo enterramos en el 99. Vamos con la Constitución bolivariana que además se permitió constitucionalizar el derecho adjetivo que es el derecho procesal del debido proceso del ciudadano”, insistió Méndez.

Lo que no dijo es que, en los centros de reclusión, en las cárceles y en los cuerpos de inteligencia de Venezuela se inventaron una figura, sin sustento legal alguno, cada vez que una persona es detenida, llamada “acostumbramiento”, consistente en que por lo menos durante un mes al detenido se le mantiene aislado, sin contacto con familia ni abogados, sin llamadas telefónicas, es decir secuestrado.

Narra, entre asombrado e indignado, como si fuera la primera que se enterara de que sucede tal hecho, “se bajaron de las tres camionetas, con armas en mano y se fueron contra el carro”, destacando que su esposa iba con el niño de 3 años en las piernas “que se asustó y el otro de diez. Me identifico, pero no les importa. Pistola en mano, armas largas en mano para encima del vehículo. ¡Qué falta de respeto! Controle las hormonas, controle la adrenalina, señor Martínez. Controle sus apetitos”.

Según Méndez, el FAES “no pueden ver una familia que va por ahí, porque le brincan”. Apeló al Gobernador del estado, al alcalde, ambos sus compañeros de partido. Prometió “hacer un escrito sobre eso, para consignarlo al Alto Mando Militar, porque además es militar el hombre, porque yo sé que el espíritu de Padrino López no es ese, mucho menos el almirante Ichaso, ni siquiera de Pabón Zavarse, ni siquiera del General Estrada que está al frente del FAES a nivel nacional, pero estos “patiflochos” que andan sueltos con un vago conocimiento de la ley y con un desprecio por los derechos de los demás”.

Méndez González habló de que el FAES está violando la Ley de alcabalas y exigió la orden de un juez o un fiscal si es un allanamiento. Dijo que funcionarios así “vienen a hacer pasantías demoniacas”.

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