Venezuela: ocho oficiales fueron detenidos por permitir el contrabando de oro y combustible en una zona controlada por el ELN en Bolívar

La Paragua es una zona donde, desde el año pasado, se recrudecieron los enfrentamientos por el control de las minas de oro; es uno de los lugares donde han ocurrido quizá las más crueles masacres en la lucha por la explotación del oro, atrayendo la fiebre por el mineral de numerosas bandas y el guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) que se enfrenta a plomo limpio con el Grupo R.

Toda esa zona del estado Bolívar tiene historias que contar, algunas parecen leyendas urbanas por lo ocurrido con los mineros de La Bulla Nueva, El Papelón, Guariche, Tonoro y Chicanán. Es una región azotada por guerrilleros y bandas criminales y sanguinarias de hombres armados: Marcopolo, Los Colombianos, Los Veinticuatro y Los Niche, entre otros. Pero los militares no quieren perder control sobre el rico mineral, donde se posan los ojos avariciosos de extranjeros, indígenas, guerrilleros, pranes y gente común.

Es ahí donde tiene sentido lo que acaba de ocurrir con ocho militares detenidos, quienes fueron descubiertos por permitir y participar en el rentable negocio del contrabando del oro y el combustible. El ELN ha avanzado progresivamente en la ocupación de las minas en esa zona, desde que llegaron con sus franelas exhibiendo el rostro del Che Guevara, pantalones de jeans y botas de caucho.

Así funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de la Región Guayana presentaron ante el Tribunal Militar número 17 de Control del estado Bolívar a seis oficiales, de los ocho detenidos, de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Armada, quienes fueron imputados por los delitos militares de Desobediencia, contra el Decoro Militar, Abuso de Autoridad, Abandono de funciones y Ultraje a la Fuerza Armada Nacional. El juez los envió al Centro de Procesados Militares La Pica, que está en el estado Monagas.

Los seis imputados estaban adscritos al Destacamento 620 La Paragua, municipio Angostura, con ubicación en Bolívar, estado limítrofe con Brasil y Guayana. Ellos son los capitanes Adán Matos Chávez, quien fungía de comandante en la Compañía Paragua y Rusvely Montilla, comandante de la Compañía San Francisco de Asís, además del sargento superviso Larry Prado Leal y los sargentos mayores de tercera, segunda y primera respectivamente: José Fuentes Rojas, Daniel Tillero Fortiz y Dixander Lorenzo Navas.

Todo parte a raíz de una notificación que hace la región de Contrainteligencia Militar Nr. 06 sobre una investigación del personal militar en unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana acantonadas en la población de La Paragua. La averiguación se inicia para determinar los vínculos de los militares de esas unidades militares con bandas organizadas de contrabandistas de oro y tráfico de combustible en la zona.

Es así como lo que investigaron los funcionarios de la DGCIM es que un número ocho militares están relacionados con Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada para que se desarrollen actividades de contrabando de material aurífero u oro, tráfico de gasolina, además de recibir colaboraciones para facilitar el movimiento de insumos a las minas ilegales.

El expediente tiene causa penal identificada con el numero N° FM43-006-2020, en la Fiscalía Militar N° 43 de Ciudad Bolívar, capital del estado Bolívar, quien recibió la investigación y de ahí califica que existen suficientes elementos de convicción para solicitar ante el Tribunal Militar N° 17 de Control de Ciudad Bolívar, que un grupo de militares sean detenidos.

Es así como son detenidos: Pedro José Arévalo Alvarado, Comandante del Destacamento N° 620 de la GNB, quien ascendió al grado militar de teniente coronel el 5 de julio 2017. Él prestaba servicio en el comando de la Guardia de Honor Presidencial en el Palacio Blanco de donde sale para el comando 620; el capitán de fragata Robert Casanova Mora, jefe del Comando de Infantería de Marina Fluvial N° 52 “G/J Ezequiel Zamora” de la Armada venezolana; los capitanes Rusbelys Montilla Rujano, comandante de la Compañía San Francisco de Asís, y Adán Alberto Matos Chávez, comandante en la Compañía Paragua, quien ascendió a capitán el 5 de julio 2016; SS. Larry Prado Leal, SM/3ra José Fuentes Rojas, SM/2da. Daniel Tillero Fortiz y el SM/1ra. Dixander Lorenzo Navas.

Pinchados y grabados

La DGCIM dice que aplicaron las técnicas de investigación “grabación ambiental, intercepción de llamadas, relación de llamadas I2 (que es un software de inteligencia e imágenes, que sale de una relación de llamadas) y entrevistas”, que dicen fueron ordenadas por la Fiscalía Militar N° 43 y autorizadas por el Tribunal Militar N° 17 de Control.

Debido a eso determinaron varios hechos importantes: la vinculación de los oficiales superiores Tcnel. Pedro José Arévalo Alvarado y del CF. Robert Casanova Mora con un individuo llamado Richard, a quien aún no han identificado alias Caracas, perteneciente a la banda de El Ciego, de quienes aseguran “mantienen azotados y sembrando terrorismo en las poblaciones del municipio Angostura”.

Agregan los funcionarios de la DGCIM que detectaron la recepción de material aurífero (oro) para permitir el traslado de combustible y materiales utilizados en el funcionamiento operativo de la minería ilegal, controlando su salida desde el aeródromo La Paragua, hacia las distintas zonas mineras que hay en la zona.

Otro de los elementos descubiertos es que los militares señalados permitían que, los puntos de abastecimiento de combustible, destinados al parque automotor, fueran controlados por integrantes de la banda de El Ciego.

También determinaron que los uniformados permitían el libre tránsito, en las poblaciones del municipio Angostura, a los miembros de la banda de El Ciego, con armas de fuego y granadas fragmentarias.

Y, el último elemento, es que utilizaban al personal subalterno a su cargo para materializar el contrabando del oro y del combustible.

Mientras los jerarcas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana pregonan, desde Caracas, la unidad cívico militar, avalan que las armas vayan a manos de civiles e irregulares, permiten que cuerpos policiales usurpen las funciones que por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le corresponde a la institución castrense, en el interior del país se va avanzando en la ocupación del territorio por guerrilleros y paramilitares, por extranjeros y por bandas criminales.

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