Por segunda vez en un mes, el Parlamento del Mercosur (Parlasur) rechazó este lunes discutir el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU Michelle Bachelet sobre las violaciones de los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

El pedido fue presentado por la parlamentaria argentina María Luisa Storani, del partido oficialista Cambiemos. "Lo intenté en septiembre y seguiré bregando hoy”, había dicho la parlamentaria, quien consideró una “anomalía” que el Parlasur no elaboró ningún informe de derechos humanos en los últimos 4 años.

El organismo, sin embargo, evitó tratar el tema. Estuvieron en contra una mayoría compuesta por parlamentarios venezolanos afines al chavismo, argentinos (del kirchnerista Frente para la Victoria), brasileños del Partido de los Trabajadores y uruguayos del Frente Amplio.

El Parlasur aprobó en cambio una declaración en la que manifestó “preocupación” por la crisis en Ecuador y los ataques a la población kurda en el marco de la reciente invasión turca en Siria.

“Una vez más el kirchnerismo no quiere hablar de Venezuela. Es vergonzoso y preocupante”, comentó Storani en Twitter. “Los representantes kirchneristas alzan las banderas en defensa de los DDHH según el país del que se trata. Niegan las atrocidades que ocurren en Venezuela al no querer ni siquiera considerar el informe de Bachelet”, agregó.

Bachelet presentó su informe el 4 de julio. El documento, elaborado tras entrevistar a más de 500 víctimas y testigos, denunció las “graves violaciones a los derechos humanos” perpetradas por el régimen de Nicolás Maduro. La ex presidenta chilena instó al régimen de Venezuela a adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que se han documentado en el país.

En el documento de Bachelet, que se elaboró a petición del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se afirma que en el último decenio –y especialmente desde 2016- el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”. Un conjunto de leyes, políticas y prácticas que ha reducido el ámbito democrático, ha desmontado el sistema de control institucional sobre el poder ejecutivo y ha permitido la reiteración de graves violaciones de derechos humanos. En el trabajo, se destaca la repercusión de la profunda crisis económica, que ha privado a la población de los medios necesarios para satisfacer sus derechos fundamentales en materia de alimentación y cuidados médicos, entre otros.

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU

El informe de la Oficina advierte que, si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país, y empeorarán las condiciones de vida de quienes permanecen en él. El texto se basa en 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica, en Venezuela y otros ocho países, así como en otras fuentes, y abarca el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019.

Bachelet visitó el país del 19 al 21 de junio y sostuvo entrevistas con una amplia gama de figuras políticas, desde Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del régimen chavista, hasta el presidente encargado Juan Guaidó, así como con miembros de la sociedad civil, empresarios, profesores y otros interesados, y también con víctimas y sus familiares. Tras la visita, un equipo de dos oficiales de la Oficina permaneció en el país, en el marco de un acuerdo que les permite prestar asesoramiento y asistencia técnica, y monitorear la situación de derechos humanos.

Durante mi visita a Venezuela, pude conocer directamente los relatos de quienes han sido víctimas de la violencia del Estado y sus peticiones de justicia. He transmitido con exactitud sus opiniones y las de la sociedad civil, así como las violaciones de derechos humanos documentadas en este informe, a las autoridades competentes”, declaró la Alta Comisionada.

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