El régimen venezolano no ha evidenciado ninguna voluntad de atender la petición de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU de disolver la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional o de acometer otras acciones para prevenir ejecuciones extrajudiciales, según denunció este lunes Michelle Bachelet ante la ONU.
La alta comisionada presentó una "actualización oral" sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, ante la 42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos. Allí, señaló que su organismo "ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las FAES en algunas zonas del país".
A este respecto, hizo referencia a información recibida de la ONG Monitor de Víctimas que identifica 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas solo en julio en Caracas.
"Estos casos documentados revelan el mismo patrón identificado en mi informe de julio y demuestran la falta de mecanismos de protección efectiva para los testigos y familiares de las víctimas", denunció Bachelet.
Lamentó que el chavismo, en lugar haberse decidido a disolver las FAES y prevenir que continúen las ejecuciones extrajudiciales.
"Por el contrario, las FAES han recibido apoyo al más alto nivel del Gobierno", denunció.
En su informe julio, había exigido a Maduro: "Disuelva las FAES y establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad, asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas". Ahora, reclama que nada de eso se cumplió.
Torturas
La Oficina de la alta comisionada en Ginebra ha recibido del Ministerio Público de Venezuela información general que indica que, entre agosto de 2017 y mayo de 2019, 104 miembros de las fuerzas de seguridad fueron condenados por violaciones de derechos humanos. Sin embargo, todavía aguarda los detalles sobre los tipos de violación, a qué institución pertenecían los responsables y el perfil de las víctimas.
"Mi Oficina documentó casos de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular de militares", indicó.
En ese sentido, señaló que las condiciones de detención no cumplen con los estándares internacionales básicos y las personas detenidas no tienen acceso a atención médica adecuada. Por ello, solicitó tomar acciones para permitir acceso médico e investigar las violaciones a los derechos humanos.
Puntualmente, también recordó el caso del capitán Rafael Acosta Arévalo, quien fue detenido mientras ella visitaba el país y murió pocos días después bajo custodia, con signos de tortura. "Aliento a las autoridades a que investiguen las denuncias de tortura, castiguen a los responsables, reparen a las víctimas y adopten medidas para evitar su repetición", expresó.
Crisis económica
Bachelet destacó que "la situación económica y social sigue deteriorándose rápidamente", y consideró que la crisis hiperinflacionaria puede ser la más aguda en la historia de la región. Según resaltó, el salario mínimo equivale a dos dólares, menos de un tercio de los 7 que valía en junio, y la economía se ha dolarizado de facto.
Al respecto, reiteró sus preocupaciones por el potencial impacto de las sanciones de Estados Unidos contra el régimen, ya que impactan en los programas sociales.
Pedido de diálogo
La funcionaria, además, mostró su apoyo a los procesos de negociación para superar la crisis en el país, y puso a disposición los recursos de su oficina para acompañar los esfuerzos entre el régimen y la oposición. Recientemente, el chavismo amenazó con mantener congelado el diálogo.
"Reitero mi llamado tanto al Gobierno como a la oposición para que superen sus diferencias y den prioridad a la negociación que considero como la única manera para poder superar la actual situación", expresó.
Ataques contra indígenas
Asimismo, Bachelet dijo que es preocupante el aumento de la presencia militar en el territorio del pueblo indígena pemón (estado de Bolívar, fronterizo con Guyana y Brasil), la violencia que ha sufrido y el caso de miembros de éste y otros pueblos indígenas asentados en el territorio de Venezuela, supuestamente asesinados por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana.
La comunidad pemón ha sufrido además desplazamiento forzado con el fin de facilitar la extracción minera en su zona de residencia.
(Con información de EFE)
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