La Fiscalía General de la Nación formuló acusación contra la exministra del Deporte María Isabel Urrutia Ocoró por presuntas irregularidades en un convenio interadministrativo celebrado con Aldesarrollo por un valor superior a los $4.950 millones.
El proceso está relacionado con la contratación de actividades para analizar la implementación del Sistema de Validación Nacional, una herramienta tecnológica prevista para controlar el ingreso de aficionados a los estadios de fútbol en Colombia.
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La acusación fue presentada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que le atribuye a la exfuncionaria los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Los hechos investigados corresponden al proceso contractual que se adelantó durante su administración en el Ministerio del Deporte, antes de su salida del gobierno de Gustavo Petro en febrero de 2023.
De acuerdo con la investigación, el Ministerio del Deporte tenía a su cargo la implementación de un sistema que permitiera, además de relacionar el documento de identidad de los aficionados con las boletas de ingreso a los escenarios deportivos, facilitar la verificación de antecedentes para identificar a las personas que tuvieran restricciones o impedimentos para ingresar a los estadios.
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Sin embargo, la Fiscalía sostiene que Urrutia habría acudido directamente a la figura de convenio interadministrativo con Aldesarrollo para contratar el análisis de la implementación del sistema, por una suma superior a los $4.950 millones, sin garantizar la pluralidad de oferentes que exigían las disposiciones aplicables al proceso.
Fiscalía señala presunto direccionamiento del contrato
Uno de los aspectos centrales de la investigación tiene que ver con las condiciones que, presuntamente, se establecieron para la ejecución del proyecto. Según el ente acusador, las evidencias indicarían que la contratación estuvo condicionada a que Aldesarrollo subcontratara a una particular específica, con quien aparentemente se había acordado desde el comienzo que asumiría el desarrollo de la iniciativa.
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La Fiscalía explicó que la entonces ministra habría buscado en dos oportunidades a intermediarios para adjudicarles el contrato, pero les habría impuesto como condición que vincularan a esa persona mediante una subcontratación.
La investigación también contempla el alcance de las actividades contratadas. Aunque el Decreto 1622 de 2022 establecía disposiciones relacionadas con el diseño y la implementación del Sistema de Validación Nacional, el proceso adelantado por el Ministerio del Deporte estuvo orientado al análisis de su implementación.
Según la información recopilada por la Fiscalía, para este tipo de contratación debían garantizarse condiciones que permitieran la participación de varios oferentes y una evaluación de las propuestas, con el propósito de seleccionar la alternativa que cumpliera los requisitos establecidos.
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El ente investigador considera que el procedimiento utilizado habría desconocido esas exigencias, debido a que se acudió a una contratación directa mediante un convenio interadministrativo, en lugar de garantizar la concurrencia de diferentes interesados.
Advertencias de los equipos técnico y jurídico habrían sido ignoradas
Otro de los puntos incluidos en la acusación corresponde a las alertas que, según la Fiscalía, realizaron integrantes de los equipos técnico y jurídico del Ministerio del Deporte durante la etapa precontractual.
De acuerdo con el organismo, los funcionarios advirtieron sobre posibles vicios e ilegalidades en diferentes actuaciones relacionadas con la contratación. No obstante, esas observaciones habrían sido desatendidas por María Isabel Urrutia, quien finalmente suscribió el convenio interadministrativo con Aldesarrollo el 30 de diciembre de 2022.
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La investigación también identificó presuntas irregularidades en la preparación del negocio jurídico. Entre ellas, la ausencia de estudios de mercado y de procedimientos que permitieran establecer de manera sustentada el valor total del contrato y los costos correspondientes a cada una de las actividades previstas para su ejecución.
El proceso también incluye señalamientos por falsedad ideológica en documento público. En este caso, el ente acusador identificó dos actuaciones específicas en las que presuntamente se incorporó información que no correspondía con la realidad: la elaboración y suscripción de los estudios previos y el acto administrativo mediante el cual se justificó la contratación.
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Según la Fiscalía, en esos documentos públicos con vocación probatoria habrían quedado consignados hechos que no se ajustaban a la verdad, situación que también hace parte de los cargos formulados contra la exministra.
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