
En 2013, cuando Nicolás Maduro asumió la presidencia de Venezuela, PDVSA aún se animaba a imaginar grandes proyectos para el futuro de la compañía. La petrolera estatal venezolana planeaba inaugurar ocho nuevos emprendimientos en la Faja del Orinoco, que requerirían una inversión de 108.300 millones de dólares. El objetivo: aumentar la producción a 4 millones de barriles por día (b/d).
Según un informe del Council on Foreign Relations (Consejo de Relaciones Exteriores, CFR por sus siglas en inglés), el escenario no podría ser más contrastante seis años después. Los cuatro mejoradores de crudo pesado, que fueron instalados en la década de 1990 y son operados junto a los socios minoritarios Total/Equinor, Chevron y Rosneft, tienen una capacidad para procesar apenas 700.000 b/d.
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Las cifras son aún más pobres en realidad, por el deterioro de las instalaciones. Por ejemplo, el mejorador de Petrocedeno, donde Total y Equinor son socios, se cerró temporalmente a principios de febrero debido a problemas mecánicos. El mejorador de Petro San Felix, que es de PDVSA tras su expropiación a ConocoPhillips en 2007, ha estado fuera de servicio durante meses.
Por otro lado, Venezuela está teniendo problemas para encontrar nuevos compradores para sus exportaciones de petróleo que anteriormente se dirigían a los Estados Unidos, que recientemente bloqueó todas las cuentas de la compañía. India, que está comprando alrededor de 360.000 b/d, ahora enfrenta restricciones de refinación y, por lo tanto, es poco probable que pueda procesar petróleo adicional.
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PDVSA solo tiene almacenamiento para 44 millones de barriles, poco más de un mes completo de producción, por lo que los problemas continuos de comercialización podrían afectar las tasas de generación. Según CFR, si prosigue la incertidumbre, mayor será la caída de la producción petrolera, lo que potencialmente podría dejar a las exportaciones en un nivel cercano a cero.

Tres semanas atrás, la firma S&P Global Platts reveló que que el rendimiento de PDVSA podría caer unos 300.000 barriles diarios, como consecuencia de la falta de diluyentes para mezclar con el crudo extra pesado de la Faja del Orinoco.
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Ese diluyente, que luego de las sanciones no puede ser importado por PDVSA desde Estados Unidos, es necesario para mezclar con el crudo extra pesado de la Faja del Orinoco.
Esas fuentes adelantaron que, para fines de febrero, la caída de la producción sería menor a los 800.000 barriles diarios, cuando en diciembre, según S&P Global Platts, el bombeo llegó a 1,17 millones de barriles por día.
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También se espera que las sanciones bloqueen los casi 120.000 barriles diarios del diluyente que Washington envía a Venezuela desde Citgo, filial de PDVSA en EEUU.

La india Reliance Industries es otro de los proveedores de diluyentes de PDVSA, al proporcionar cerca de 65.000 barriles diarios. No obstante, ese medio informa que los analistas estiman que la compañía probablemente evitará generar nuevos acuerdos con la estatal venezolana que su subsidiaria en EEUU, Ril USA, no se vea afectada por las sanciones.
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China Oil es otro de los principales proveedores de diluyentes, con un envío aproximado de 50.000 barriles diarios. Esto forma parte de un acuerdo de préstamo que alcanzó el régimen de Nicolás Maduro con el gobierno chino.
Por su parte, también hay fuertes recortes en la producción de combustibles. La mayoría de las refinerías permanecen inactivas por la falta de suministros de crudo y equipos dañados, y una fuerte escasez de combustibles.
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"No tenemos barcos alineados esperando para cargar crudo (…) Tampoco hay barcos que descarguen productos importados en nuestros muelles. PDVSA se está aislando sin la posibilidad de vender o comprar. Esa es la realidad", reconoció una fuente de la petrolera estatal venezolana, bajo anonimato, a S&P Global Platts.

Un operador de Paraguaná, en tanto, sostuvo que "los inventarios están agotados": "Hay inventarios de gasolina y diesel para menos de dos días".
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Según un informe de S&P Global Platts, el Centro de Refinación Paraguaná operaba a solo 20,6% de su capacidad.
Buques petroleros se negaron a descargar debido al embargo impuesto por Estados Unidos. Ante esta situación, Manuel Quevedo, ministro de Petróleo y ex general de la Guardia Nacional, ordenó que no se permita a esos buques partir sin pagar por anticipado los cargamentos.
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Los clientes de PDVSA, no obstante, permanecen cautelosos de que esos pagos podrían violar las sanciones norteamericanas.
La semana anterior, la Guardia Nacional chavista ordenó al capitán del barco Mambo, en la refinería de Cardón, en Paraguaná, descargar los 140.000 barriles de diesel bajo amenaza de encarcelamiento. Citgo, en cambio, le reiteró al capitán que no lo hiciera porque PDVSA aún no había pagado.
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