La Comisión de Poder Popular y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, denunció a distintos funcionarios del alto rango del régimen de Nicolás Maduro de ser los responsables de la censura aplicada a varios medios de comunicación digitales en ese país.
En una reunión en Lima, Perú, con directivos de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el diputado Jony Rahal, presidente de la Comisión de Medios, presentó un informe en el que responsabilizó al presidente de CANTV, Manuel Ángel Fernández Meléndez; y al director de CONATEL, Eliéser Márquez Monsalve, de los ataques y censura directa aplicada contra los portales El Pitazo, La Patilla, Tal Cual y El Nacional web.
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Infobae lleva 1.428 días censurado en Venezuela desde que el régimen chavista restringió su acceso el 10 de octubre de 2014.
En la reunión con el presidente de la SIP, Gustavo Mohme; el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock; y el director ejecutivo, Ricardo Trotti, el diputado Rahal afirmó que se trata de varios actos claros de censura aplicados desde el proveedor oficial de Internet y telefonía, CANTV, y del ente regulador de telecomunicaciones, CONATEL, en represalia por sus "líneas editoriales independientes" y la publicación de "noticias incómodas" sobre el gobierno.
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De acuerdo a lo que publicó la propia SIP en su página de Internet, Rahal, en su lectura del informe de la Comisión del 13 de agosto, subrayó que las conductas de "los funcionarios no solo lesionan derechos constitucionales, sino que además transgreden la Declaración Universal de los Derechos Humanos".
Mohme, del diario peruano La República; y Rock, del portal mexicano La Silla Rota, sostuvieron que la SIP se hace eco de la denuncia y que esperan también se den a conocer otros nombres de funcionarios que están directamente involucrados en actos de censura directa.
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Agregaron que la SIP destinará parte de su asamblea general de octubre próximo a celebrarse en Salta, Argentina, a abordar el tema de Venezuela y el desmantelamiento de los medios como parte de la política oficial.
La Comisión parlamentaria identificó ataques de denegación de servicio (DOS), intentos de ingresos múltiples y bloqueos contra los medios (DNS).
También resaltó "la extraña coincidencia" de que en los casos de ingresos múltiples las direcciones correspondían a sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
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La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
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