
Durante más de dos años, este trabajador acumuló 772 días de baja por problemas respiratorios mientras lijaba y sellaba palas de aerogeneradores en la empresa en la que trabajaba. En su puesto de trabajo, manipulaba de forma continua resinas y estireno, sustancias que los médicos le tenían contraindicadas por su capacidad de agravar su patología respiratoria. Cuando finalmente recibió un diagnóstico de asma bronquial, reclamó que su baja fuera reconocida como accidente de trabajo, lo que permite acceder a prestaciones muy superiores a las de la baja por enfermedad común. Un juzgado de Ponferrada le dio la razón. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León acaba de quitársela.
La historia clínica de este operario muestra un empeoramiento progresivo de su sistema respiratorio: en 2021 estuvo casi 10 meses de baja por Covid-19; poco después volvió a estar año y medio de incapacidad por “otras enfermedades en tráquea y bronquios”; y siete meses después llegó el diagnóstico de asma bronquial. Era la tercera vez en menos de tres años que su aparato respiratorio le impedía trabajar.
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El Servicio Público de Salud tramitó esa tercera baja como enfermedad común. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) confirmó esa calificación: la dolencia no quedaba demostrada como procedente de una causa exclusivamente laboral. Pero el empleado no lo aceptó y acudió a los juzgados, reclamando que su baja se reconociera como derivada de contingencia profesional y que la Mutua asumiera el pago de las prestaciones correspondientes.
El juzgado le dio la razón en primera instancia: la magistrada consideró que existía una relación clara entre el asma que padecía el trabajador y las sustancias con las que estaba en contacto en su puesto, y señaló que estas habían agravado su situación, “provocándole episodios de crisis o exacerbación que han dado lugar a que tenga que coger una baja médica para su recuperación”. Pero la Mutua recurrió esta decisión, y ganó la apelación en el Tribunal Superior.
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Fumaba dos paquetes diarios
La Mutua solicitó dos modificaciones en el relato de hechos probados en el juicio de primera instancia: que se incorporara que era exfumador de dos paquetes diarios durante 20 años, dato que figuraba en un informe clínico del Servicio de Neumología del hospital, y que se añadiera que el médico le había impuesto la obligatoriedad del uso estricto de equipos de protección individual. La Sala rechazó ambas peticiones. Sobre el tabaquismo, razonó que el informe médico en el que se apoyaba la mutua no recogía ninguna repercusión negativa en la salud del trabajador por haber sido fumador. Sobre los equipos de protección, consideró que se trataba de un texto fundamentalmente valorativo y, además, irrelevante para determinar la contingencia, “puesto que la enfermedad podría haberla contraído el hoy recurrido aun utilizando tales equipos”.
Pero la jueza también analizó si la enfermedad tenía por causa exclusiva la ejecución del trabajo y si se consideraba probado que el asma tenía su origen en el trabajo, requisitos para poder hablar de accidente de trabajo. Y en los hechos probados no figuraba ninguno: ni un ataque de asma en el puesto de trabajo, ni ningún otro episodio que pudiera definirse como accidente en sentido traumático.
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Con ese razonamiento, la Sala concluyó que la sentencia de instancia había infringido los preceptos del artículo 156 de la Ley General de la Seguridad Social, estimó el recurso de la mutua y revocó el fallo. Así, el hombre pierde el acceso a las prestaciones económicas más favorables que la ley reserva a quienes sufren un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, frente a las que corresponden a una baja por enfermedad común.
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