Los jueces del Tribunal Supremo venezolano en el exilio denunciaron allanamientos a sus propiedades

El Servicio Bolivariano de Inteligencia ingresó en los domicilios de los familiares de algunos de los 33 magistrados que están en el exterior. Para el chavismo, están fuera de la ley

El Tribunal Supremo en el exilio (EFE/Lenin Nolly)
El Tribunal Supremo en el exilio (EFE/Lenin Nolly)

Varios integrantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela en el exilio denunciaron allanamientos por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) a sus propiedades, en un acto que diputados opositores señalaron como una respuesta "de miedo" por parte del Ejecutivo.

Los 33 jueces que forman parte de este Supremo, que toman decisiones vía Skype desde diferentes países del continente y que tiene una oficina en Panamá, aprobaron a mediados de abril que se realice un antejuicio de mérito al presidente venezolano, Nicolás Maduro, por supuestos delitos de corrupción asociados con el caso Odebrecht.

Los jueces del Supremo en el exterior
Los jueces del Supremo en el exterior

Este procedimiento recibió el visto bueno del Parlamento, de mayoría opositora, que aprobó el retiro la inmunidad al presidente el 17 de abril pasado pese a las advertencias del chavismo de que esta acción podría tener consecuencias legales contra los opositores.

"En éste momento están ALLANANDO la casa de mi mamá en Maturín estado Monagas (…). Mi madre tiene principios de Alzheimer, hago responsable al Gobierno por lo que pueda sucederle a ella y a mi familia!", publicó en su cuenta de Twitter la magistrada Elenis Rodríguez.

El miembro de la sala de casación penal José Troconis denunció que el Sebin forzó la puerta de su oficina en el estado Lara (centro-oeste).

"Denunciamos al Sebin, quienes en este momento se encuentran en el edificio en donde está mi oficina, forzando la puerta para ingresar", expresó.

Medios locales informaron también del allanamiento de la vivienda del magistrado Miguel Ángel Martín en Valencia, en el céntrico estado Carabobo, así como de una posada propiedad de Cioly Zambrano Álvarez, integrante de la sala constitucional de este organismo en el occidental estado Mérida.

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