La Asamblea Nacional venezolana denunció la paralización del caso Óscar Pérez a un mes de su muerte

La presidente de la comisión especial del Parlamento venezolano que investiga la muerte de Óscar Pérez y seis miembros de su grupo de sublevados hace un mes, Delsa Solórzano, denunció que la Fiscalía no ha abierto investigaciones por el tema de derechos humanos y aseguró que eso acarrea "responsabilidad penal".

En Twitter, Solórzano afirmó que las investigaciones por violación de los derechos humanos están congeladas, que no se han abierto, y denuncia la responsabilidad penal por omisión, encubrimiento y complicidad.

Hace un mes, en un amplio operativo de las fuerzas de seguridad venezolanas abatieron a Pérez junto con seis "terroristas", según el Gobierno, tras ser acorralados en una casa en El Junquito, a las afueras de Caracas, lugar desde el que el ex policía se sirvió de las redes sociales para informar que deseaba negociar su entrega a las autoridades.

Pérez se rebeló contra el Gobierno en junio pasado, cuando sobrevoló el Tribunal Supremo de Justicia con un helicóptero policial y contra el que disparó y arrojó granadas sin causar heridos o muertos.

Desde entonces, ya en la clandestinidad, grabó varios videos en los que pedía un alzamiento popular contra el Gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro.

Solórzano reiteró que desde la Comisión de Política Interior que también preside siguen trabajando en el caso: "Y no vamos a descansar hasta que estén encarcelados todos los responsables", puntualizó.

La diputada opositora recordó que la violación de derechos humanos es "un crimen que no prescribe y su sanción no tiene fronteras".

Informó además que se consignó ante el representante en Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA) el informe que están llevando a cabo en la comisión especial de investigación y adelantó que esta semana seguirán "con más acciones" que pronto anunciarán.

El también diputado opositor y miembro de esta comisión, Winston Flores, calificó de "ejecución extrajudicial" el operativo de seguridad de hace un mes, un evento en el que, sostuvo, no se respetó el derecho a la vida.

"Con tiros en la cabeza, el régimen cegó la vida de 7 venezolanos", señaló Flores en Twitter.

Y en otro mensaje, señaló que todas las investigaciones del caso llevadas por la comisión especial de la Asamblea Nacional han sido minuciosas, que han contado con la colaboración de expertos y que no hay duda que los asesinaron.

Reiteró que tras la actuación policial "intentaron ocultar las pruebas, demolieron la casa, acosaron a las familias y amigos y realizaron un entierro controlado sin permiso de las familias".

Tras las muertes del ex policía científico y de los su grupo, los cuerpos tardaron varios días en ser entregados a los familiares, quienes, acompañados de diputados opositores, denunciaron presiones para que permitieran que fueran quemados.

Tras la presentación al Parlamento el pasado 30 de enero de las conclusiones de la comisión especial de investigación, el Legislativo decidió prorrogar sesenta días más sus tareas.

(Con información de EFE)

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