Trump intenta probar que miles de no ciudadanos votan en EE. UU. La cifra real es mucho menor

A pesar de las afirmaciones infundadas del gobierno de Trump de que el fraude es generalizado, solo 236 personas han sido acusadas de delitos relacionados con el fraude electoral.

El Departamento de Seguridad Nacional ha emprendido una campaña extraordinaria para perseguir a los votantes ilegales, y ha asignado a cientos de agentes federales a la tarea de examinar detenidamente decenas de miles de registros de votantes y tocar a la puerta de personas sospechosas de ser no ciudadanos que votaron de manera ilegal.

Sin embargo, desde que el presidente asumió el cargo, la cruzada ha llevado al gobierno de Donald Trump a acusar a solo unas 236 personas de delitos relacionados con el fraude electoral en todo el país, según el Departamento de Justicia. Eso incluye a algunos no ciudadanos acusados de registrarse para votar, pero que en realidad no emitieron un voto.

La cifra es una parte minúscula de las más de 158 millones de boletas emitidas en las elecciones generales de 2024, y se queda muy por debajo de las cifras citadas en julio por Markwayne Mullin, el secretario de Seguridad Nacional, quien afirmó sin pruebas que más de 250.000 posibles no ciudadanos estaban registrados para votar en tan solo cuatro estados.

El reducido número de acusaciones ha debilitado aún más las afirmaciones engañosas del presidente Trump de que el voto de los no ciudadanos es una ocurrencia generalizada que inclina las elecciones a favor de los demócratas, y plantea preguntas sobre por qué el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) dedicó amplios recursos a dicho esfuerzo antes de las elecciones intermedias.

"Esto tiene que ver con deslegitimar una elección por la que están muy preocupados", dijo David Becker, un exabogado de derechos electorales del Departamento de Justicia que dirige el Center for Election Innovation and Research, un grupo no partidista que trabaja para apoyar a los funcionarios electorales. "Intentan fabricar pruebas y están fracasando".

La campaña del gobierno para investigar a los votantes no ciudadanos ha implicado una estrecha colaboración entre el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia, que ha liderado los esfuerzos para acusar penalmente a los no ciudadanos por votación ilegal. El trabajo de investigación del Departamento de Seguridad Nacional también ha sido fundamental para los recientes intentos del Departamento de Justicia de intervenir en las elecciones.

El Departamento de Seguridad Nacional ha defendido su enfoque en el tema, y ha dicho que erradicaría el fraude electoral dondequiera que se encuentre e intensificaría las deportaciones de no ciudadanos que votaron o se registraron de manera ilegal.

"El DHS está comprometido a garantizar elecciones justas, honestas y precisas", dijo el departamento en un comunicado. "El DHS defiende el Estado de derecho y protege la integridad de las elecciones estadounidenses al expulsar a los extranjeros que votan y diluyen los votos de los ciudadanos estadounidenses. SOLO los estadounidenses deberían elegir a los líderes estadounidenses".

El voto de los no ciudadanos, a quienes la ley les prohíbe registrarse para votar o emitir boletas electorales, es excepcionalmente raro, según múltiples estudios. Los críticos han dicho que, en cambio, los agresivos esfuerzos del Departamento de Seguridad Nacional para investigar a los votantes no ciudadanos parecen tener como objetivo intimidar a los votantes y sentar las bases para impugnar los resultados de las elecciones.

Grupos de defensa de la migración también han expresado durante meses su temor de que agentes federales pudieran aparecer en los lugares de votación, aunque hasta el martes por la mañana no había señales de que autoridades migratorias patrullaran los sitios de votación.

Asignar a cientos de oficiales la tarea de revisar los padrones electorales estatales y desplegar agentes para entrevistar a personas en sus hogares para erradicar a los votantes no ciudadanos es un uso inusual de los poderes del Departamento de Seguridad Nacional. El departamento, la mayor agencia federal del orden público, fue creado tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 para ayudar a proteger al país de las amenazas.

El gobierno de Trump ha aprovechado al menos cuatro de sus nueve agencias principales para promover investigaciones sobre los votantes no ciudadanos. Eso incluye agencias que, por lo general, se enfocan en deportaciones, gestión fronteriza, ayuda en casos de desastre y solicitudes migratorias.

Agentes federales especializados en investigar amenazas a la seguridad nacional y fraudes de beneficios migratorios han sido reasignados a la búsqueda de personas no ciudadanas en los padrones electorales. Agentes de seguridad nacional que usualmente investigan delitos como la explotación infantil y el comercio ilegal también han investigado a más de 150 organizaciones que, según dicen, podrían estar ayudando a no ciudadanos a registrarse de manera ilegal para votar.

Pero, hasta ahora, los esfuerzos del departamento han resultado en un número reducido de cargos y poca evidencia de que el fraude electoral sea generalizado. La mayor parte de las 236 acusaciones se han presentado tan solo en las últimas nueve semanas, según el Departamento de Justicia, una señal de que el gobierno ha aumentado drásticamente los enjuiciamientos antes de las elecciones intermedias. La proporción de personas que en verdad resulten condenadas por un delito podría resultar incluso menor.

Históricamente, las investigaciones sobre los votantes no ciudadanos han seguido un patrón. Primero los funcionarios electorales estatales o federales informan que cientos o miles de no ciudadanos podrían estar en los padrones electorales. Sin embargo, tras una investigación más exhaustiva, las cifras suelen reducirse a decenas. Cada investigación concluye con pocas o ninguna acusación formal.

"La cantidad masiva de recursos que se han dedicado a esta operación ha descubierto solo cifras minúsculas de personas que podrían haber votado o haberse registrado para votar", dijo Wendy R. Weiser, vicepresidenta de democracia en el Brennan Center for Justice. "Solo refuerza lo que se sabe y, en realidad, plantea preguntas sobre cuál es el propósito de esta operación".

Algunas de las afirmaciones del gobierno de Trump sobre el gran número de no ciudadanos en los padrones electorales en ciertos estados también se han desmoronado. Después de que funcionarios de seguridad nacional afirmaran que casi 16.000 personas podrían ser no ciudadanos registrados para votar en Nevada, enviaron al estado una lista de 185 nombres que habían "pasado por un riguroso proceso de revisión manual". Más tarde, los funcionarios estatales determinaron que los 185 eran ciudadanos.

Algunos de los esfuerzos del Departamento de Seguridad Nacional han enfrentado reveses legales. El mes pasado, un juez federal en California le restringió al departamento hacer entrevistas de campo en nueve estados como parte de un esfuerzo por investigar a los votantes no ciudadanos. En septiembre, un juez federal dictaminó que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, que lidera la respuesta federal a los desastres, no podía retener las subvenciones de preparación para emergencias a los estados que se rehúsan a hacer cambios en sus procesos electorales, incluida la verificación de la ciudadanía de los votantes.

Pero eso no ha evitado que el departamento siga adelante con otras investigaciones.

A fines de octubre, a un grupo de oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos --una agencia dentro del Departamento de Seguridad Nacional-- se les ordenó revisar unos 15.000 casos de personas sospechosas de registrarse ilegalmente para votar en California, según documentos revisados por The New York Times.

La directiva es una continuación de un esfuerzo nacional anterior por parte de la agencia para examinar registros de votantes y bases de datos federales a fin de generar pistas para que los agentes del ICE investigaran más a fondo posibles casos de votantes no ciudadanos. La investigación de la agencia llevó a los oficiales migratorios a identificar a más de 20.000 personas que, según afirmó la agencia, se registraron de manera ilegal para votar en California, de acuerdo con documentos judiciales.

El nuevo esfuerzo subraya la obsesión del gobierno de Trump con California, estado al que el Departamento de Justicia demandó recientemente para intentar obligarlo a apartar las boletas de las 20.000 personas que el gobierno sospecha que son "probables no ciudadanos". En un documento judicial, los científicos de datos que analizaban esa lista de votantes dijeron que descubrieron que más del 40 por ciento de las personas en la lista no aparecen en los padrones electorales de California. El análisis también encontró que la lista incluía a miles de personas que parecen ser ciudadanos.

Después de que un juez federal rechazara este intento, el gobierno pidió el lunes a la Corte Suprema que le exigiera a California apartar las boletas. El tribunal rechazó la solicitud apenas unas horas después.

En un correo electrónico de octubre revisado por el Times, Paul Gleason, un funcionario de seguridad nacional, dijo a los funcionarios involucrados en el nuevo esfuerzo que los oficiales examinarían a los votantes registrados en California "sin evidencia de votación real". Es ilegal que los no ciudadanos certifiquen falsamente que son ciudadanos al registrarse para votar, incluso si finalmente nunca emiten un voto. Sin embargo, algunos migrantes han dicho que se registraron sin darse cuenta al obtener o renovar licencias de conducir, y señalaron leyes electorales que han facilitado que las personas se registren para votar en las agencias de vehículos motorizados.

En un correo electrónico de septiembre revisado por el Times, Gleason dijo que los oficiales de migración ya habían revisado más de 150.000 casos y habían hecho más de 66.000 remisiones al ICE para una mayor investigación como parte del esfuerzo nacional para encontrar votantes no ciudadanos. Varios exfuncionarios de seguridad nacional dijeron en entrevistas que la cantidad de remisiones equivalía a una enorme carga de trabajo para los agentes del ICE encargados de hacer un seguimiento de las pistas.

Los defensores del gobierno lo elogiaron por investigar un problema que creen que merece un mayor escrutinio. Kenneth T. Cuccinelli II, un subsecretario interino de Seguridad Nacional durante el primer gobierno de Trump, dijo que le parecía claramente apropiado que los agentes de seguridad nacional investigaran el voto de los no ciudadanos y ayudaran a asegurar las elecciones.

"Me doy cuenta de que la magnitud o el alcance del problema en sí es objeto de debate", dijo Cuccinelli en una entrevista reciente. "Pero lo que no se puede debatir es que el problema existe".

Pero algunos exfuncionarios de seguridad nacional cuestionaron por qué el departamento ha dedicado amplios recursos al esfuerzo y asignado a los agentes federales la tarea de investigar el inusual problema del voto de los no ciudadanos.

"¿Deberían sacar a agentes especiales e investigadores criminales federales de los asuntos de seguridad nacional para enfocarse en eso? Cuando evalúo las amenazas a la seguridad pública, la respuesta es absolutamente no", dijo Eric Balliet, quien trabajó en Investigaciones de Seguridad Nacional, la rama de investigaciones criminales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, durante más de 20 años.

Glenn Thrush, Amy Schoenfeld Walker y Seamus Hughes colaboraron con reportería.

Madeleine Ngo cubre migración y políticas públicas sobre economía para el Times.

Glenn Thrush, Amy Schoenfeld Walker y Seamus Hughes colaboraron con reportería.