
Su estado de conciencia y condición plantean cuestionamientos éticos y legales tras el intento fallido de Tennessee de ejecutarla por asesinar a una compañera de clase hace décadas.
Seis días después de que le inyectaran una droga destinada a matarla, Christa Pike despertó en un hospital de Nashville, encadenada a una cama y en una habitación donde no conocía a nadie.
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A los abogados de Pike se les había dicho que podían esperar que se le retirara el soporte vital, ya que su cerebro no funcionaba correctamente tras el intento del 30 de septiembre de ejecutarla por asesinar a una compañera de clase décadas atrás. Pero ahora, estaba despierta y sumida en lo que un abogado llamó una mezcla de enojo y confusión.
Su condición, revelada el miércoles después de una audiencia judicial, se mantiene grave. Tiene un coágulo de sangre en un brazo y neumonía, y no había comido: cuando sus abogados la vieron, no podía tragar. No podía mover los brazos, y sus manos se habían hinchado hasta parecer guantes quirúrgicos inflados, dijo el abogado Randy Spivey.
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"Se despertó en un hospital rodeada de personas que no conocía con un tubo en la garganta", dijo Spivey durante una conferencia de prensa. "No sabemos las consecuencias que tendrá todo esto, pero Christa es una sobreviviente".
El estado de conciencia de Pike y la evolución de su estado de salud aumentaron la importancia de una audiencia procesal realizada en Nashville el miércoles. Una jueza dijo que ordenaría a Tennessee que preservara los registros y pruebas vinculados al intento de ejecución y que garantizara que Pike pudiera comunicarse fácilmente con sus abogados.
La audiencia se llevó a cabo mientras Tennessee lidia con los cuestionamientos éticos y legales que rodean el caso de Pike, de 50 años, la primera persona en sobrevivir a drogas inyectables que se suponía debían ser letales. Un abogado de la oficina del fiscal general del estado le dijo a una jueza el miércoles que no podía afirmar si Tennessee intentaría de nuevo poner fin a la vida de Pike.
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Una portavoz del gobernador republicano Bill Lee, quien pausó las ejecuciones mientras se lleva a cabo una investigación independiente, no ha respondido a las preguntas sobre si le otorgaría clemencia a Pike. Sus abogados le han rogado que le permita pasar el resto de su vida en prisión, argumentando que ha sufrido suficiente a manos del estado.
"La dinámica es diferente porque ahora está despierta", dijo David Raybin, un abogado de Nashville que ayudó a redactar la ley de pena de muerte del estado. Las vías para el litigio, incluyendo las de violaciones a sus derechos civiles y protecciones constitucionales contra castigos crueles, se han ampliado repentinamente, añadió.
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Pike ha estado en el pabellón de los condenados a muerte desde que era adolescente, después de ser declarada culpable en 1996 por su papel en la tortura y asesinato de una compañera de clase, Colleen Slemmer, de 19 años. Pike, junto con otras dos personas, atrajo a Slemmer al bosque, donde la cortaron con un cúter y le aplastaron la cabeza con pedazos de asfalto.
La familia de Slemmer, que recaudó dinero para conducir a Nashville desde Florida para la ejecución, había apoyado la pena capital para Pike. Pike tenía 18 años en el momento del asesinato y fue la única de los tres estudiantes en recibir la pena de muerte.
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La madre de Slemmer, May Martinez, ha expresado desde entonces su frustración porque la justicia prometida a su familia ha sido denegada.
Los abogados de Pike habían advertido repetidamente que las afecciones médicas de Pike, incluidas sus venas pequeñas, podrían llevar a una ejecución complicada e innecesariamente dolorosa. Pero el 30 de septiembre, dijeron, estaba "en paz" tras expresar remordimiento por su crimen de manera reiterada.
Primero, la ejecución se retrasó por una avalancha de maniobras legales de último minuto. Se reanudó después de unas nueve horas, cuando justo después de las 5:45 p. m. se recibió la noticia de que la mayoría conservadora en la Corte Suprema dijo que podía proceder.
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Pero durante las siguientes dos horas, los testigos describieron a Pike como alerta y lúcida durante lapsos de tiempo. Detrás de las cortinas, por casi una hora, pudieron escuchar su respiración.
"Ella ayudó al equipo de ejecución a encontrar lo que pensaban que era una vía venosa", dijo Spivey. "Fue amable y educada mientras trabajaban durante una hora, clavándole aguja tras aguja en el brazo".
Poco antes de las 9 p. m., se les dijo a los testigos que se retiraran. Llegó una ambulancia y Pike fue llevada a un hospital privado de Nashville. A lo largo del fin de semana, había estado inconsciente, conectada a un ventilador e intubada, mientras el personal médico trabajaba para extraer la droga, el pentobarbital, de sus venas. La droga detiene la actividad eléctrica en el cerebro y podría haber causado complicaciones a largo plazo al reducir sus niveles de oxígeno o debilitar la circulación.
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Los detalles del protocolo actual de inyección letal en Tennessee, implementado en 2025, se han mantenido en gran medida en secreto. Ese fue uno de los factores que impulsó el miércoles a los abogados de Pike a pedirle a una jueza que ordenara al estado preservar todos los registros y pruebas relacionadas con el intento fallido.
"La audiencia de hoy se trató de la transparencia", dijo Luke Ihnen, uno de los abogados de Pike, después de la audiencia. La palabra del estado, añadió, "está envuelta en secreto y jerga legal en intentos de ofuscar y ocultar lo que realmente sucedió".
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John W. Ayers, un fiscal general adjunto, sostuvo que la petición era innecesaria, dado que a la agencia ya se le exigía preservar las pruebas. Dijo que los registros de observación, los desechos médicos y los productos se encontraban entre los registros ya recolectados por el Departamento Correccional, además de las fotografías tomadas la noche del 30 de septiembre.
Pero la jueza, I'Ashea Myles del Tribunal de Equidad del condado de Davidson, le dio la razón a los abogados de Pike y esbozó los contornos de una orden que dijo que firmaría. Entre los registros que enumeró se encontraban desechos, agujas, catéteres, insumos médicos, sujeciones, camillas, jeringas, drogas y vías intravenosas, así como las comunicaciones de esa noche.
"Tendrá especial cuidado de no perder, traspapelar o borrar accidentalmente ninguna información que pueda ser pertinente", le dijo a Ayers.
La jueza también le instruyó al estado permitir una comunicación fácil entre Pike y sus abogados, la cual asegure que tengan el mismo acceso que cuando estaba en prisión.
Los abogados de Pike también plantearon preocupaciones de que una mano, al igual que sus pies, permanecían encadenados a su cama de hospital, a pesar de las peticiones del personal médico de que se los quitaran. La jueza Myles dijo que era probable que considerara la petición si provenía directamente del personal médico. Se espera que eso se mantenga en privado, con el fin de proteger la privacidad tanto de Pike como de los miembros del personal encargados de su atención médica.
Spivey dijo que Pike todavía tenía "mucha confusión cognitiva".
Pero, dijo, "está muy consciente de que el estado intentó ejecutarla".
Benjamin Mueller colaboró con reportería.
Emily Cochrane es reportera nacional del Times para el sur de Estados Unidos, y vive en Nashville.
Benjamin Mueller colaboró con reportería.
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