Tribunal investiga a la directora de la Guardia Civil de España, y sube la presión sobre Pedro Sánchez

El caso contra Mercedes González forma parte de una pesquisa más amplia sobre si los aliados del presidente Sánchez buscaron obstaculizar las investigaciones sobre personas cercanas a él.

Desde hace meses, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se enfrenta a peticiones de dimisión por parte de sus rivales políticos, en medio de una avalancha cada vez mayor de acusaciones de corrupción que salpican a sus principales aliados, a su hermano y a su esposa.

El jueves por la mañana, un juez asestó el último golpe legal a Sánchez al abrir una investigación formal contra la directora general de la Guardia Civil --una de las dos principales fuerzas policiales de España--, nombrada por el gobierno. El caso contra la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, forma parte de una investigación más amplia para determinar si miembros del Partido Socialista, el partido gobernante de Sánchez, orquestaron una campaña de desprestigio para socavar las investigaciones sobre los aliados políticos y la familia de Sánchez.

González ha negado haber cometido ninguna irregularidad; no respondió de inmediato a las peticiones de comentarios.

La investigación sobre González acentúa la brecha entre la reputación internacional de Sánchez y su difícil situación a nivel nacional. En el extranjero, Sánchez se ha ganado el reconocimiento y la admiración de la izquierda mundial por enfrentarse al presidente Donald Trump en temas como la guerra en Irán y la migración.

En casa, Sánchez está sumido en una crisis política que no para de agravarse y que está relacionada con las acusaciones de corrupción. Su gobierno en minoría ya se encontraba en una situación precaria y lleva tres años sin poder aprobar un presupuesto.

En un escrito judicial al que ha tenido acceso The New York Times, el juez Santiago Pedraz dijo que existían motivos razonables para investigar a González por presuntas conductas indebidas en el ejercicio de un cargo público, en relación con las denuncias de que dirigentes del Partido Socialista habían presionado a agentes de policía para que obstaculizaran las investigaciones sobre el círculo más cercano a Sánchez.

La oficina de Sánchez, quien no está acusado de ningún delito, no respondió a una solicitud de comentarios. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, expresó su apoyo a González y afirmó que seguiría en su cargo.

La esposa de Sánchez, Begoña Gómez, ya se enfrenta a un juicio por tráfico de influencias, y su hermano, David Sánchez, es juzgado por cargos similares.

Un ex primer ministro socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, aliado clave de Sánchez, también es investigado por las acusaciones de que recibió comisiones ilegales por valor de hasta unos 2,4 millones de dólares. José Luis Ábalos, exfuncionario de alto rango del Partido Socialista y exministro, fue condenado la semana pasada a 24 años de cárcel por soborno y corrupción. El sustituto de Ábalos en el partido, Santos Cerdán, es investigado por acusaciones de corrupción y obstrucción a la justicia.

Según los expertos, este goteo constante de investigaciones judiciales corre el riesgo de minar el apoyo a Sánchez de cara a las elecciones previstas para el año que viene. La oposición conservadora, e incluso los diputados que no forman parte oficialmente de su coalición pero que le dieron el voto para que llegara al poder, dijeron que habría que adelantar las elecciones.