
Detrás de la posible imputación del expresidente de Cuba, de 94 años, hay una advertencia implícita que no podría ser más clara: basta con ver lo que sucedió en Venezuela.
Esta semana, el gobierno de Donald Trump intensificó drásticamente la presión sobre Cuba. El embargo estadounidense ya vació las reservas de petróleo del país. El ejército y las agencias de espionaje estadounidenses incrementaron los vuelos de vigilancia alrededor de la isla. En privado, funcionarios hablaron sobre un inminente aumento de las fuerzas armadas en la región.
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Y John Ratcliffe, director de la CIA, visitó el país el jueves para transmitir una exigencia tajante: cerrar las estaciones de espionaje rusas y chinas y tomar medidas para abrir la economía.
Luego llegó la noticia, procedente de personas familiarizadas con las deliberaciones del gobierno estadounidense, de que fiscales federales de Miami estaban trabajando en una acusación contra Raúl Castro, el hermano de Fidel.
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Nadie en el gobierno de Cuba podría ignorar que el gobierno de Trump utilizó una acusación federal contra Nicolás Maduro, el autoritario líder de Venezuela, como pretexto para una redada con la que irrumpió en Caracas en enero y lo capturó.
No se sabe si el ejército de Estados Unidos está preparando una incursión similar en Cuba, aunque probablemente una operación no sea inminente. Un gran número de fuerzas de operaciones especiales estadounidenses está desplegado en Medio Oriente, en caso de que vuelvan a estallar las hostilidades contra Irán.
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Sin embargo, otras personas informadas del enfoque del gobierno afirman que los altos funcionarios quieren al menos tener la opción de volver a utilizar la estrategia empleada en Venezuela.
Mientras la guerra en Irán ha derivado en un insatisfactorio estancamiento, la operación militar en Venezuela sigue siendo, en opinión del presidente Trump, un éxito absoluto.
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Otras personas cercanas al gobierno de Trump creen que aunque una opción así nunca sea aprobada, la amenaza de que Estados Unidos intente capturar a Castro, uno de los líderes de la Revolución cubana, presionará al gobierno cubano para que ceda a las exigencias estadounidenses. Sin embargo, los expertos dicen que esa podría ser una lectura errónea del gobierno cubano.
"La acusación es un elemento más de la campaña de presión que Trump y Rubio están utilizando para intentar obligar al gobierno cubano a rendirse a las condiciones de Estados Unidos en la mesa de negociaciones, creando la amenaza de acción militar con la esperanza de que obligue a los cubanos a ceder", dijo William LeoGrande, profesor de gobierno en la American University. "Pero los cubanos no son buenos para ceder".
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Se desconoce el mensaje preciso que Ratcliffe envió el jueves al nieto de Castro, Raúl G. Rodríguez Castro, conocido como Raulito o "El Cangrejo". Pero una exigencia estaba clara: cerrar las bases de inteligencia de China y Rusia en la isla, que ambos países utilizan para interceptar comunicaciones estadounidenses.
Lo que no está tan claro es qué más quiere Estados Unidos del gobierno cubano. Pero el objetivo principal de Trump y Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, es inequívoco. Quieren poder afirmar que Estados Unidos puso fin al control comunista de Cuba, pero sin empujar al país al caos total.
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Los directores de la CIA suelen encargarse de misiones diplomáticas secretas, por lo que la muy pública visita de Ratcliffe --que incluyó fotografías y relatos de su mensaje a los cubanos-- supuso una ruptura con lo habitual. Frank Mora, quien fue embajador ante la Organización de Estados Americanos y alto funcionario de Defensa, señaló que la visita era una forma de enviar un ultimátum al gobierno cubano.
"El presidente está frustrado porque no está obteniendo los resultados que quería, o que quizá le prometieron en Cuba", dijo Mora, quien ahora es profesor en la Universidad Internacional de Florida. "Están apretando las tuercas para intentar empujar a los cubanos a hacer concesiones que no han estado dispuestos a hacer".
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Aunque técnicamente ya no está en el poder, el anciano Castro sigue siendo una de las voces más influyentes de la política cubana. No se conoce del todo su estado de salud, pero es frágil y tiene dificultades para escuchar y para hablar. Hace tiempo que no hace declaraciones públicas. La imagen de una unidad élite de fuerzas especiales militares capturando a un nonagenario probablemente sería negativa, pero eso podría no importarle a la Casa Blanca.
Mora dijo que era poco probable que Estados Unidos intentara llevar a cabo el mismo tipo de operación militar que usó con Maduro contra Castro. Pero la acusación formal, añadió, es una especie de "operación psicológica". Las amenazas de una operación militar o una acusación legal probablemente no intimidarán a Castro, pero podrían enviar un mensaje al gobierno cubano y a la comunidad cubanoestadounidense de Miami, que desde hace mucho tiempo impulsa el fin del comunismo en la isla.
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"La acusación tiene más que ver con intentar infundir miedo para intimidar al régimen y hacer que parezca, especialmente en Miami, que el presidente va en serio respecto a cambiar Cuba", dijo Mora.
Los fiscales continúan debatiendo el alcance del posible procesamiento. Al igual que la acusación contra Maduro, podría incluir cargos relacionados con el narcotráfico. La acusación también podría girar en torno a cargos relacionados con el derribo realizado por Cuba, en febrero de 1996, de aviones del grupo de ayuda humanitaria Hermanos al Rescate.
En una carta dirigida a Trump el 13 de febrero, cuatro congresistas republicanos solicitaron que el Departamento de Justicia considerara la posibilidad de imputar al anciano Castro, quien ocupaba el cargo de ministro de Defensa de Cuba en el momento del ataque. La carta citaba noticias que indicaban que Raúl Castro aprobó los derribos, que los congresistas calificaron de "asesinatos a sangre fría".
"Creemos inequívocamente que Raúl Castro es responsable de este crimen atroz", escribieron los legisladores. "Es hora de que comparezca ante la justicia".
El episodio endureció la postura estadounidense hacia La Habana de forma duradera. El presidente Bill Clinton, quien esperaba liberalizar las relaciones con La Habana, calificó los derribos de "un espantoso recordatorio de la naturaleza del régimen cubano: represivo, violento, desdeñoso del derecho internacional".
Cuatro hombres murieron cuando un caza MiG de la Fuerza Aérea cubana derribó dos aviones Cessna monomotor sobre el estrecho de Florida en 1996. Tres eran ciudadanos estadounidenses y uno residente legal permanente en Estados Unidos. Las aeronaves eran operadas por Hermanos al Rescate, un grupo de exiliados cubanos con sede en Miami fundado varios años antes para ayudar a los refugiados cubanos y apoyar el derrocamiento del régimen castrista.
El grupo dijo que los aviones realizaban una misión humanitaria en busca de refugiados cubanos que fueran camino a Florida en balsas y pudieran necesitar ayuda. Cuba insistió en que los aviones habían violado su espacio aéreo, una afirmación negada por las autoridades internacionales de aviación. Pero después de que el grupo lanzara panfletos contra el régimen sobre la isla durante misiones anteriores, Cuba había amenazado con utilizar la fuerza contra los vuelos.
El derribo enfureció a los exiliados cubanos de Miami y resonó con fuerza en Washington. A los pocos días, el Congreso aprobó una ley que llevaba mucho tiempo paralizada, conocida como la ley Helms-Burton, quizá su medida más dura contra Cuba. Entre otras cosas, la ley condicionaba el levantamiento de las sanciones estadounidenses a la caída del régimen de Castro y otorgaba nuevos derechos a estadounidenses y cubanoamericanos con reclamaciones sobre propiedades en Cuba confiscadas tras el triunfo de la revolución en 1959.
La oposición de Clinton a la ley desapareció de la noche a la mañana, y la convirtió en ley el 12 de marzo de 1996. Esa sigue siendo una fecha de infamia en La Habana: este año, en el 30 aniversario de la promulgación de la ley, el presidente Miguel Díaz-Canel la denunció en las redes sociales como una monstruosidad.
David C. Adams colaboró con reportería en Florida.
Julian E. Barnes cubre las noticias relacionadas con las agencias de inteligencia estadounidenses y los asuntos de seguridad internacional para el Times. Lleva más de dos décadas reportando sobre temas de seguridad.
Tyler Pager es corresponsal del Times en la Casa Blanca, donde cubre al presidente Trump y su gobierno.
Eric Schmitt es corresponsal de seguridad nacional para el Times. Lleva más de tres décadas informando sobre asuntos militares y antiterrorismo en Estados Unidos. Ponte en contacto con él de forma segura a través de Signal: ericschmitt.36.
Michael Crowley cubre el Departamento de Estado de EE. UU. y política exterior para el Times. Ha reportado desde una treintena de países y con frecuencia viaja con el secretario de Estado.
Frances Robles es una reportera del Times que cubre América Latina y el Caribe. Lleva más de 25 años informando sobre la región.
David C. Adams colaboró con reportería en Florida.
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