México condena a 140 años de prisión a 10 hombres detenidos en un rancho en Jalisco

Los hombres están sentenciados por matar a una persona y hacer desaparecer a otras dos en un rancho de reclutamiento y entrenamiento dirigido por un cártel en el estado de Jalisco.

Un tribunal mexicano condenó el martes a 10 hombres a más de 140 años de prisión cada uno por matar a una persona y hacer desaparecer a otras dos en un complejo de reclutamiento y entrenamiento dirigido por un cártel en el estado de Jalisco.

El caso había conmocionado a la nación y puesto de relieve los despiadados métodos que utilizan los grupos delictivos mexicanos para secuestrar, entrenar y asesinar a jóvenes reclutas. También se ordenó a los 10 hombres que pagaran cada uno casi 70.000 dólares por concepto de reparación a las víctimas, dijeron las autoridades.

Los hombres fueron detenidos en septiembre en el Rancho Izaguirre, una propiedad remota a unas seis horas en coche al oeste de Ciudad de México, después de que las autoridades respondieran a reportes de disparos. En el lugar, los agentes fueron recibidos a tiros y descubrieron a una persona muerta y a otras dos cautivas, dijeron las autoridades estatales.

En marzo, seis meses después de las detenciones, el lugar provocó titulares nacionales después de que unos voluntarios que buscaban a sus familiares desaparecidos encontraran lo que denominaron hornos crematorios subterráneos, restos humanos quemados, cientos de fragmentos de huesos y objetos personales desechados en el interior del rancho.

El fiscal general de México dijo posteriormente que no había pruebas de que el rancho hubiera sido el lugar de incineraciones humanas, pero que la propiedad había sido utilizada por un cártel importante como centro de entrenamiento.

Sin embargo, los buscadores voluntarios sí encontraron indicios aparentes de víctimas. Las fotos tomadas en el rancho abandonado, en la pequeña comunidad de Teuchitlán, a las afueras de Guadalajara, la capital del estado, mostraban cientos de zapatos apilados y montones de ropa, entre ellos un vestido azul de verano, una pequeña mochila rosa, trozos de ropa interior y lo que parecían ser fragmentos de huesos.

En un país aparentemente acostumbrado a episodios de violencia brutal por parte de los cárteles de la droga, las imágenes conmocionaron a los mexicanos y provocaron la indignación de grupos de derechos humanos quienes exigieron al gobierno que pusiera fin a la violencia que asola la nación desde hace años.

Las autoridades publicaron fotos de más de 1000 objetos personales encontrados en el lugar, un escalofriante indicio del número de personas que podrían haber estado allí. Las fotos desencadenaron una búsqueda frenética en todo México por parte de familias que escudriñaron las imágenes, buscando desesperadamente señales de sus familiares desaparecidos.

El caso también renovó la presión sobre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para que abordara la crisis de las desapariciones. Más de 126.000 personas han desaparecido en México desde que se inició este tipo de registro en 1962, según datos oficiales. Grupos de derechos humanos y colectivos de voluntarios que buscan a familiares desaparecidos han dicho que la cifra podría ser mayor.

Héctor Rodolfo Flores González, miembro de Luz de Esperanza, un grupo de búsqueda con sede en Jalisco, aplaudió las sentencias y dijo que esperaba que las condenas condujeran a más información que ayudara a explicar lo que había ocurrido en el rancho Izaguirre.

"Todavía no sabemos que pasó ahí; seguimos sin conocer toda la verdad", dijo. "Y las víctimas y sus familiares tienen derecho a saber esa verdad".

Aun así, expresó su esperanza de que tales condenas, con penas largas y simbólicas, puedan servir como un poderoso elemento disuasorio y enviar un mensaje contundente a otros grupos criminales de que los delitos no quedarán impunes.

"La desaparición tiene que dejar de ser el crimen perfecto", dijo. "Si más gente es sentenciada y reciben sentencias ejemplares puede que suscite miedo entre los que cometen estos crímenes y quizá pueda reducir esa conducta delictiva", añadió.

Un mes después del espeluznante descubrimiento, Sheinbaum anunció una serie de medidas para agilizar la caótica burocracia que rodea la búsqueda de desaparecidos. Entre ellas había reformas legales destinadas a unificar los registros fragmentados de identificación de la nación --incluidos los expedientes de casos y los datos biométricos en poder de los fiscales estatales y los servicios forenses-- para permitir una comprobación cruzada más eficaz de la información.

Los expertos en seguridad afirman que a menudo existen profundos vínculos entre los grupos delictivos y las autoridades locales en las zonas de México controladas por cárteles, y los gobiernos subsecuentes han tenido dificultades para atajar la corrupción generalizada.

Antes de la sentencia, el alcalde de Teuchitlán había sido acusado de coludirse con el cártel Jalisco Nueva Generación, importante grupo delictivo conocido como CJNG, para dirigir el centro de reclutamiento y adiestramiento. En mayo, el alcalde fue acusado de delincuencia organizada y desaparición forzada, acusación que ha negado.

Otros detenidos en relación con el caso fueron cuatro expolicías y un jefe de policía, así como un líder del cártel identificado como José Gregorio Lastra, quien, según las autoridades, supervisaba el centro de entrenamiento.

Las autoridades mexicanas afirman que Lastra ha descrito a su grupo matando, golpeando y torturando a quienes se resistían al entrenamiento o intentaban escapar del rancho.

Los grupos de búsqueda del estado de Jalisco han dicho que grupos criminales como el cártel Jalisco atraen a los jóvenes con falsas ofertas de trabajo y promesas de salarios atractivos. Las víctimas son llevadas a lugares como el de Teuchitlán, dijeron los grupos, donde son adiestrados en el crimen, o asesinados.