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El hombre salvadoreño, que vivía en Maryland y estaba legalmente protegido de la deportación, estuvo recluido en el CECOT desde el 15 de marzo.
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Kilmar Armando Abrego Garcia, quien se convirtió en el protagonista de una vorágine política y legal tras ser deportado por error a El Salvador, ha sido devuelto a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con el traslado de migrantes indocumentados, según un acta de imputación que se hizo pública el viernes.
La sorprendente medida, que durante varias semanas se planeó de manera discreta, implicaría una salida muy necesaria para el gobierno de Donald Trump, que se ha opuesto a una serie de órdenes judiciales que indicaban tomar medidas para ponerlo en libertad tras su expulsión errónea sucedida el 15 de marzo.
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La imputación de 10 páginas presentada en el Distrito Medio de Tennessee también representa un posible esfuerzo por salvar las apariencias: devolver a Abrego Garcia para que enfrente cargos penales --en lugar de cumplir los fallos de tres tribunales federales, incluida la Corte Suprema-- permite a la Casa Blanca evitar una confrontación legal cada vez más difícil, al tiempo que permite que el gobierno insista en su afirmación de que se trata de un peligroso delincuente que merecía ser expulsado.
"Abrego Garcia ha aterrizado en Estados Unidos para enfrentarse a la justicia", dijo la fiscala general Pam Bondi en una conferencia de prensa en Washington. "Era un traficante de seres humanos, mujeres y niños".
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Desde el inicio del caso, los funcionarios gubernamentales han intentado describir a Abrego Garcia, un trabajador metalúrgico que durante años ha vivido de manera ilegal en Estados Unidos sin tener incidentes, como miembro de la violenta pandilla MS-13. Los cargos presentados en su contra ante el Tribunal Federal de Distrito de Nashville le acusaban de pertenecer a la banda y de participar en una conspiración para "transportar a miles de extranjeros indocumentados" por Estados Unidos.
Sus abogados dijeron que acogían con satisfacción la noticia de que su cliente tendrá la oportunidad de presentarse ante la justicia y señalaron que la decisión del gobierno de devolverlo a Estados Unidos socavaba los prolongados esfuerzos por mantenerlo en El Salvador.
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"La acción de hoy demuestra lo que hemos sabido desde el principio: que el gobierno tenía la capacidad de traerlo de vuelta y simplemente se negaba a hacerlo", dijo Andrew Rossman, abogado de Abrego Garcia. "Ahora le toca a nuestro sistema judicial que Abrego Garcia reciba el debido proceso que la Constitución garantiza a todas las personas".
Abrego Garcia estaba bajo custodia salvadoreña desde el 15 de marzo cuando fue trasladado, junto con decenas de otros migrantes, a manos de los administradores del llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo, una tristemente célebre prisión conocida como CECOT. Posteriormente fue trasladado a otro centro de El Salvador.
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Durante casi tres meses, sus abogados han intentado todos los recursos legales posibles para hacer cumplir las órdenes judiciales que exigen que el gobierno de Trump "facilite" su liberación de El Salvador.
Desde el principio del caso, las autoridades han reconocido que Abrego Garcia fue expulsado erróneamente a El Salvador, incumpliendo una orden judicial previa que prohibía expresamente su envío a ese país. Pero el Departamento de Justicia, actuando en nombre de la Casa Blanca y del Departamento de Seguridad Nacional, no ha cedido ni un ápice más allá de esa admisión, diciendo que si Abrego Garcia se presentaba en la frontera estadounidense, los funcionarios "facilitarían" su reingreso al país.
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Los abogados del Departamento de Justicia también han pasado semanas bloqueando el intento de la jueza Paula Xinis, que supervisa el caso, de obtener respuestas a la pregunta de qué ha hecho y qué piensa hacer la Casa Blanca para lograr la libertad de Abrego Garcia. Las negativas del gobierno de Trump a responder a las preguntas sobre su propio comportamiento en el caso han molestado tanto a Xinis que esta semana permitió que los abogados de Abrego Garcia solicitaran sanciones contra el gobierno.
Devlin Barrett cubre el Departamento de Justicia y el FBI para el Times.
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Alan Feuer cubre extremismo y violencia política para el Times, centrándose en los casos penales relacionados con el atentado del 6 de enero en el Capitolio y contra el expresidente Donald Trump.
Glenn Thrush cubre el Departamento de Justicia y también ha escrito sobre la violencia armada, los derechos civiles y las condiciones en las cárceles y prisiones del país.
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Annie Correal contributed reporting.
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