El programa de renuncias federales de Trump sigue adelante tras su victoria en los tribunales

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Con la aprobación de un juez, el gobierno de Trump se movió para dar los siguientes pasos en el plan y cerrarlo a nuevos participantes.

El gobierno de Donald Trump procedió el miércoles a cerrar las inscripciones para el programa de renuncias diferidas de los trabajadores federales y continuar con los pasos siguientes, tras el visto bueno de un juez federal.

La victoria judicial permitió a la Casa Blanca avanzar una parte crucial de su plan para reducir la plantilla federal mediante ofertas de pago masivas.

En una sentencia en la que denegaba una solicitud para detener el plan, el juez George O'Toole Jr., juez del Tribunal de Distrito de EE. UU. en el Distrito de Massachusetts, no se pronunció sobre la legalidad del programa. El juez escribió que los demandantes, entre los que había sindicatos que representaban a trabajadores federales, no se veían directamente afectados por el plan de incentivos, conocido como "Fork in the Road" (encrucijada, en español), y carecían de legitimación para impugnarlo.

"Los sindicatos no tienen el interés directo requerido en la directiva Fork", escribió el juez O'Toole, añadiendo que estaban "impugnando una política que afecta a otros, concretamente a los empleados del poder ejecutivo".

"Esto no es suficiente" para la legitimación, escribió en su decisión de cinco páginas.

Los sindicatos que impugnaban el plan habían solicitado una orden de restricción temporal para impedir que el plan siguiera adelante. En su sentencia, el juez O'Toole añadió que los precedentes de casos anteriores demostraban que el tribunal carecía de competencia en la materia para examinar los reclamos de los sindicatos.

La decisión supuso una victoria para el gobierno de Trump, que en los últimos días se ha visto obstaculizado por una serie de sentencias judiciales que han ralentizado sus esfuerzos por congelar el gasto federal y dar de baja con licencia a un número significativo de empleados.

La semana pasada se amplió el plazo para aceptar las ofertas de renuncia mientras el juez deliberaba sobre el caso. Unos 75.000 trabajadores aceptaron las ofertas, según la Oficina de Administración de Personal.

"A partir de las 7 p. m. de esta noche, el programa está cerrado", dijo el miércoles McLaurine Pinover, vocera de la Oficina de Administración de Personal. "Ya no hay ninguna duda: el programa de renuncias diferidas era legal y una opción valiosa para los empleados federales".

Elon Musk, el hombre más rico del mundo, quien ha liderado un agresivo intento de reducir y remodelar las instituciones del gobierno federal con la aprobación del presidente Trump, había presionado a los empleados para que aceptaran la oferta del incentivo para renunciar, que prometía paga hasta septiembre.

Los críticos habían argumentado que no se podía confiar en la oferta, especialmente debido a que el Congreso no había otorgado fondos a ninguna parte del gobierno federal más allá del 14 de marzo.

La demanda para detener el programa, presentada por el grupo liberal sin fines de lucro Democracy Forward, así como por tres sindicatos gubernamentales --la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE por su sigla en inglés), la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, de Condados y Municipales (AFSCME por su sigla en inglés), y la Asociación Nacional de Empleados Gubernamentales (NAGE por su sigla en inglés)-- argumentaba que la oferta era ilegal, en parte porque el Congreso aún no había consignado los fondos necesarios para compensar a los trabajadores que aceptaran la oferta.

En un comunicado, el dirigente de AFGE, el mayor sindicato de empleados federales, señaló que la sentencia no abordaba la legalidad del programa de renuncias, y dijo que los abogados del sindicato estaban considerando sus próximos pasos.

"La sentencia de hoy es un revés en la lucha por la dignidad y la justicia para los funcionarios públicos", dijo Everett Kelley, presidente del sindicato.

Los 75.000 funcionarios que se ofrecieron voluntarios para el programa de renuncias representan alrededor del 3 por ciento de la plantilla de la función pública federal.

Esto no alcanza el objetivo declarado del gobierno de Trump para reducir drásticamente el tamaño de la plantilla federal. En un año cualquiera, más del 5 por ciento de los trabajadores federales se jubilarán o dejarán su empleo, según datos del gobierno federal.

Aun así, la renuncia masiva de decenas de miles de empleados públicos podría tener efectos de gran alcance en la sociedad estadounidense.

Actividades rutinarias como viajar, renovar pasaportes o declarar impuestos podrían verse retrasadas o interrumpidas. También podría verse afectado el funcionamiento de parques nacionales y museos, y la administración de prestaciones como la Seguridad Social, Medicare, la atención a los veteranos y los cupones de alimentos. Los reguladores e inspectores de alimentos, agua, medicamentos y seguridad laboral también podrían abandonar el gobierno.

Michael C. Bender colaboró con reportería.

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