Lo que viene después de Maduro es la verdadera prueba

En la mañana del 3 de enero, fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos arrestaron al líder venezolano Nicolás Maduro en una operación altamente coordinada que captó de inmediato la atención mundial. Las autoridades estadounidenses sostienen que Maduro supervisaba una extensa red de narcotráfico que perjudicaba los intereses de Estados Unidos. Algunos críticos, citados por The New York Times, cuestionaron si los flujos de drogas provenientes de otras regiones representan una amenaza más inmediata, planteando así interrogantes más amplios sobre la justificación de la operación.

Las declaraciones públicas del presidente Donald Trump añadieron complejidad al debate. Sus comentarios sugirieron que los intereses económicos de Estados Unidos —en particular en el sector energético venezolano— pudieron haber influido en los cálculos de Washington. Al mismo tiempo, Trump expresó dudas sobre la preparación de la líder opositora María Corina Machado para gobernar, indicando una disposición temporal a trabajar con la vicepresidenta Delcy Rodríguez como autoridad interina.

Estos intercambios, sin embargo, corren el riesgo de pasar por alto un aspecto fundamental: la crisis venezolana no puede entenderse únicamente a través del prisma del narcotráfico o de la política energética. Bajo Hugo Chávez, y posteriormente bajo Maduro, el Estado venezolano se consolidó como un proyecto político con ambiciones regionales que trascendieron ampliamente sus fronteras.

Durante los años de Chávez, Venezuela apoyó activamente a movimientos y gobiernos ideológicamente afines en América Latina, incluidos los liderados por Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia y Daniel Ortega en Nicaragua. Junto con Cuba, estos gobiernos conformaron la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), un bloque que se definió explícitamente en oposición a la influencia de Estados Unidos en la región. Paralelamente, Venezuela buscó expandir su influencia mediante herramientas diplomáticas, financieras y políticas, en ocasiones tensionando las instituciones democráticas de países vecinos.

De manera simultánea, el gobierno de Chávez cultivó relaciones con actores armados no estatales, incluidos grupos guerrilleros colombianos y otras organizaciones militantes. Desde Caracas, estas relaciones fueron presentadas como una estrategia de disuasión frente a una posible intervención extranjera, aunque en la práctica contribuyeron a una mayor inestabilidad regional. Durante un tiempo, la riqueza petrolera venezolana sostuvo esta política exterior. Los acuerdos energéticos subvencionados aseguraron apoyos políticos en el Caribe y Centroamérica, mientras que prácticas laxas en materia de pasaportes y visados otorgados a iraníes y otros dudosos elementos generaron preocupación entre los servicios de seguridad de la región.

Con el declive de los ingresos petroleros, el gobierno de Maduro recurrió cada vez más a actividades ilícitas —como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando— para sostenerse. El llamado Cártel de los Soles, vinculado por diversas investigaciones a elementos del régimen venezolano, opera como una red descentralizada de células con conexiones militares involucradas en estas actividades. Este entramado criminal alimenta la corrupción y fortalece redes transnacionales de violencia que incluyen pandillas, tráfico de armas y otras formas de crimen organizado. El resultado es un deterioro de la estabilidad regional y la creación de entornos permisivos en los que organizaciones terroristas, como las FARC, el ELN y Hezbollah, pueden operar y beneficiarse.

Los vínculos cada vez más estrechos del régimen de Maduro con Irán también han despertado inquietud, especialmente ante informes que señalan la expansión de redes asociadas a Hezbollah en América Latina y el Caribe. Aunque el alcance exacto de esta presencia sigue siendo objeto de debate, la percepción de una creciente influencia extrarregional ha reforzado las preocupaciones de los responsables políticos tanto en Estados Unidos como en la región.

Desde esta perspectiva, la acción de Estados Unidos contra Maduro puede interpretarse como parte de un esfuerzo más amplio por contener riesgos a la seguridad regional. Al mismo tiempo, pone de relieve las limitaciones de los mecanismos legales internacionales. La presión diplomática y los foros multilaterales han fracasado reiteradamente en generar cambios significativos en Venezuela, en parte porque potencias como Rusia y China continúan protegiendo a Caracas en los organismos internacionales. Además, muchos países del llamado Sur global tienden a respaldar a gobiernos que desafían a Estados Unidos.

Con todo, la salida de Maduro es apenas el primer paso, y probablemente el más sencillo. Figuras clave del aparato de poder venezolano permanecen en sus cargos, entre ellas Diosdado Cabello, una pieza central del sistema de seguridad, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien conserva la lealtad de amplios sectores de las fuerzas armadas. Aunque Delcy Rodríguez ha manifestado disposición a cooperar con Estados Unidos, ya se evidencian tensiones internas, con sectores duros que acusan de traición a los más moderados.

Algunos sostienen que preservar partes del régimen es necesario para mantener el orden y evitar un colapso institucional, evocando el caos que siguió a la desbaazificación de Irak tras 2003. Esta preocupación merece ser tomada en serio. Sin embargo, la continuidad institucional no exige impunidad. Es posible mantener la capacidad administrativa del Estado y los servicios públicos mientras se aparta a quienes están más estrechamente asociados con la represión, la corrupción y el crimen organizado.

El propio presidente Trump afirmó recientemente que “los estadounidenses estamos al mando” de lo que ocurre en Venezuela. En realidad, no lo estamos. La estructura de la dictadura sigue operando, aun sin Maduro.

Un ejemplo claro es la reciente publicación de un decreto que declara el Estado de Emergencia Exterior, el cual establece un marco legal excepcional que concentra amplios poderes en el Ejecutivo en un contexto de confrontación directa con Estados Unidos. Entre sus disposiciones centrales figura una orden a las fuerzas de seguridad para actuar contra quienes el régimen chavista considere que han respaldado la acción militar estadounidense. Ya se han producido detenciones de periodistas y de presuntos colaboradores, lo que subraya los riesgos de permitir que estructuras de poder arraigadas permanezcan sin control.

En última instancia, el éxito de la operación estadounidense no se medirá por su ejecución táctica, sino por lo que ocurra después. Una transición estable, inclusiva y responsable —capaz de evitar tanto el colapso institucional como la mera continuidad autoritaria— determinará si Venezuela puede avanzar hacia la recuperación o seguir atrapada en la crisis.

Un cambio significativo, sin embargo, ya es visible: la esperanza y el optimismo han regresado entre el pueblo venezolano. De cara al futuro, será indispensable un compromiso cívico sostenido, porque una transición democrática no puede depender únicamente de la intervención externa.