Ecuador habló fuerte y claro

“Fuerte y claro”: así sonó el “NO” por el que votaron los ecuatorianos el 16 de noviembre de 2025.

Ese día, casi 14 millones de personas fueron convocadas a pronunciarse sobre cuatro preguntas que abrían la posibilidad de reconfigurar el orden constitucional, permitir la presencia de fuerzas militares extranjeras en territorio nacional, suprimir el financiamiento estatal a partidos y movimientos políticos, reducir el número de asambleístas e iniciar un proceso constituyente para redactar una nueva Carta Magna. La consulta no ocurrió en el vacío, sino en medio de una crisis de seguridad marcada por el avance del crimen organizado, masacres carcelarias, deterioro de servicios públicos y un discurso oficial que prometía “mano dura” y una refundación institucional, que hasta hoy no se percibe.

El escrutinio oficial despejó cualquier ambigüedad. En las tres preguntas del referéndum y en la pregunta de consulta popular, la opción NO se impuso con márgenes claros y consistentes. En la pregunta asociada a la reforma sobre bases militares extranjeras, el NO alcanzó el 60,85% de los votos válidos frente a un 39,15% del SÍ. En la pregunta sobre el financiamiento público de las organizaciones políticas, el NO llegó al 58,32%, mientras que el SÍ se quedó en el 41,68%. En la pregunta sobre la reducción del número de asambleístas, 53,73% votó por el NO, frente a 46,27% por el SÍ. En la consulta sobre la propuesta de Asamblea Constituyente, el rechazo alcanzó su punto más alto: 61,83% votó por el NO, frente a 38,17% por el SÍ. Con una participación superior al 80%, estos resultados configuran un pronunciamiento masivo en el que el electorado, lejos de fragmentarse, respondió de forma coherente a todas las preguntas.

Leídos en serie, los números cuentan una historia que trasciende la derrota puntual del paquete de reformas impulsado por Daniel Noboa. Revelan un electorado que, aun inmerso en un clima de violencia e incertidumbre económica, se resiste a legitimar salidas expeditas que concentren poder en el Ejecutivo o debiliten aún más los contrapesos del poder. El “NO” agregado aparece como una suma de desconfianzas: hacia la idea de militarizar la seguridad con apoyo extranjero, hacia la promesa de que menos legisladores equivale automáticamente a mejor representación y hacia la propuesta de volver a abrir la Constitución cuando todavía no se asientan las reformas previas.

Cuando el propio presidente admitió públicamente que “el pueblo habló”, reconocía, en el fondo, que la ciudadanía le negó el cheque en blanco que buscaba para rediseñar las reglas del juego.

Ese mensaje se inserta en una trayectoria histórica marcada por el uso intensivo de plebiscitos, referendos y consultas populares. Desde 1830, Ecuador ha adoptado alrededor de veinte constituciones, lo que ha llevado a caracterizar su vida institucional como una “constitucionalización permanente”. En décadas recientes, distintos gobiernos han recurrido a la democracia directa para refrendar proyectos de liderazgo fuerte, desmontar legados políticos anteriores o sortear a una Asamblea poco legitimada, configurando lo que diversos autores describen como una democracia plebiscitaria de baja deliberación. En ese marco, la consulta de noviembre de 2025 introduce una inflexión: por primera vez en mucho tiempo, un intento de gobernar a golpe de referéndum no solo fracasa, sino que activa un veto ciudadano a esa forma de ejercer el poder.

La contundencia del “no” obliga a mirar más allá de la lectura inmediata de ganadores y perdedores. En un país acostumbrado a que los plebiscitos refuercen al Ejecutivo, el resultado abre una grieta en la lógica de gobernar por consulta. La ciudadanía no negó únicamente cuatro propuestas técnicas; cuestionó el modo en que, una y otra vez, se intenta resolver crisis complejas mediante fórmulas constitucionales rápidas, sin una deliberación profunda ni diagnósticos compartidos.

Esta consulta hizo visible una ciudadanía que, en medio del temor y del cansancio, aún se reserva el derecho de decir “hasta aquí”. El mensaje es incómodo para el oficialismo, pero también para una oposición que, durante años se ha beneficiado del mismo repertorio plebiscitario: la gente está dispuesta a movilizarse y participar masivamente, pero ya no asume que cada referendo sea sinónimo de profundización democrática ni de ampliación de derechos.

El “pueblo que habló fuerte y claro” no parece estar demandando menos democracia, sino una democracia distinta: menos dependiente de plebiscitos convocados desde arriba y más anclada en instituciones estables, controles efectivos y procesos de discusión que no reduzcan la complejidad del país a una disyuntiva binaria.

Escuchar ese mensaje, asumirlo con autocrítica y traducirlo en gestión quizá sea la tarea más urgente que deja esta consulta para quienes gobiernan hoy y para quienes aspiran a gobernar en el futuro.

*El autor es empresario y comentarista político ecuatoriano. Fue Presidente de BanEcuador.