¿Acaba Bukele de convertir definitivamente El Salvador en una dictadura?

El régimen salvadoreño, hábilmente orquestado por Nayib Bukele desde 2019, se reforzó aún más el jueves 31 de julio.

Con la aprobación por el Parlamento —controlado por el partido del presidente, Nuevas Ideas— de abolir la limitación del número de mandatos presidenciales, y de ampliar el mandato presidencial de cinco a seis años, El Salvador entra así en una nueva era autoritaria, que recuerda sus horas más oscuras. Bukele se une al club de los autócratas vitalicios, junto a personalidades como Daniel Ortega, Nicolás Maduro, Vladimir Putin o el representante más joven de la dinastía Kim.

Esta transición hacia una monarquía sin corona solo ha necesitado unas horas: el tiempo necesario para que un diputado leal incluyera con carácter de urgencia una reforma constitucional en el orden del día y la hiciera aprobar por la Asamblea con un entusiasmo fingido y entre aplausos cínicos.

Este giro autoritario es el resultado de un largo proceso marcado por una erosión progresiva del Estado de derecho, el control de las instituciones, la reducción de las libertades fundamentales y el cuestionamiento sistemático de la independencia de los poderes.

En 1983, cuando el país se encontraba sumido en una guerra civil, El Salvador se dotó de una Constitución que consagraba la separación de poderes.

La esperanza democrática se vio reforzada por los acuerdos de paz de 1992, que pusieron fin al conflicto armado.

El ejército quedó confinado a sus cuarteles, se creó una policía civil y la arena política pasó a resolver las disputas mediante el debate, en lugar de la represión, el exilio o el asesinato político.

Estas promesas nunca se cumplieron.

La corrupción endémica, las desigualdades persistentes, la delincuencia y la impotencia de las élites políticas han llevado al desencanto a gran parte del electorado, que ha optado por soluciones “simples”, incluso a costa de otorgar todos los poderes a un solo hombre, con la esperanza, casi religiosa, de que no los corrompa.

Esta es la misión que Nayib Bukele cree haber recibido: concentrar todos los poderes para remodelar el país a su imagen y semejanza.

Desde su llegada al poder en 2019, con un aparato propagandístico sin igual y un apoyo popular masivo, su mayoría parlamentaria ha desmantelado rápidamente los contrapoderes.

El 1 de mayo de 2021, primer día de la nueva legislatura, tras las elecciones en las que el partido de Bukele obtuvo 56 escaños de 84, lo que le confiere un control absoluto en el Parlamento y el poder, por ejemplo, de elegir al próximo presidente de la Corte Suprema de Justicia y aprobar unilateralmente los tres próximos presupuestos del país.

Este resultado reafirma el fin del bipartidismo en el país. A raíz de ello, los diputados destituyeron a los magistrados del Tribunal Constitucional que se habían opuesto al presidente, así como al fiscal general encargado de investigar la corrupción en el gobierno.

Unos meses más tarde, en septiembre de 2021, estos jueces nombrados por el poder validaron la reelección presidencial, a pesar de que estaba explícitamente prohibida en seis ocasiones en el propio texto de la Constitución.

Esta prevé incluso sanciones contra cualquiera que la proponga (artículo 75) y llama a la insurrección si un presidente fuera reelegido (artículo 88).

Con el ejército y la policía a su servicio, nadie se atrevió a oponerse a la inscripción de Nayib Bukele como candidato.

El 4 de febrero de 2024, poco después del cierre de las urnas, anunció su victoria.

El 1 de junio de 2024, durante la ceremonia de investidura, desde el balcón presidencial, pidió a los salvadoreños en su discurso que juraran lealtad a su nuevo mandato presidencial.

La votación de ayer no hace más que consolidar su poder: El Salvador no ha cambiado el 31 de julio, pero Bukele se ha quitado la máscara.

*El autor es un periodista, redactor y analista político salvadoreño, radicado en Londres

(Artículo publicado originalmente en Le Grand Continent)