Fascismo judicial

Este año hubo elecciones en Guatemala. Al cabo de dos vueltas electorales, la primera en junio y la segunda en agosto, el vencedor fue Bernardo Arévalo. La posesión del nuevo presidente tendrá lugar el 14 de enero, una transición por demás extensa y, por ende, compleja. Aunque no sólo, ni tanto, por el calendario, sino por el accionar arbitrario de piezas importantes del poder judicial.

Concretamente, por intervenciones del Ministerio Público y sus fiscales, desconociendo el resultado de las elecciones y acosando al Tribunal Electoral —que también es parte del poder judicial— con acusaciones y objeciones al registro de candidatos, al sistema de transmisión de resultados, al propio presidente electo y a su partido. Todo ello extralimitándose en sus atribuciones y competencias.

Estas persistentes acciones de la Fiscalía han derivado en una gran incertidumbre política e inestabilidad institucional. Ello incluye la generalizada preocupación —en Guatemala tanto como en el exterior, entre gobiernos y sector privado por igual— acerca de la culminación de esta transición tal y como está estipulado en la constitución y las leyes.

También se votó en Venezuela el pasado 22 de octubre, primarias para elegir la candidatura unitaria que competirá con Nicolás Maduro por la presidencia en el segundo semestre de 2024. Como era predecible, María Corina Machado venció de manera contundente, obteniendo más del 90% de los votos, siendo certificada y nominada candidata por la Comisión Nacional de Primaria.

Tratándose de una interna, la elección fue organizada por los partidos opositores de manera independiente. Es que, además, el gobierno había disuelto el Consejo Nacional Electoral (CNE), lo cual a efectos prácticos significó renunciar a involucrarse. Es sólo que, ni bien las encuestas predijeron una alta participación y que Machado derrotaría a Maduro por más de 40 puntos, la prescindencia del régimen concluyó: reorganizó el CNE e inhabilitó a Machado.

Quien igual compitió. A posteriori de la elección, la Fiscalía General de la República lanzó una campaña de acoso contra los miembros de la Comisión de Primaria, acción rematada con una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la que “se suspenden todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primarias”. Además de su negación patológica de la realidad, el régimen de Maduro viola lo acordado en Barbados tan solo semanas después de haberlo firmado.

También esta semana Rosario Murillo, vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, removió de manera abrupta y discrecional a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y destituyó a varios directores. Con ello, el máximo tribunal del país no sólo es un instrumento del oficialismo —que ya lo era desde hace tiempo— sino también se convierte ahora en un vehículo al servicio de las ambiciones de Murillo.

Ocurre que un férreo control del poder judicial allana el camino de Murillo a la sucesión, convenciendo opositores, siempre internos dentro del Sandinismo, por efecto de demostración. El punto es especialmente sensible en momentos en que la salud de Daniel Ortega es una incógnita.

“Fascismo judicial” no es un concepto en sentido estricto y tal vez sea un oxímoron. Pero como metáfora captura y retrata la utilización de las instituciones judiciales como instrumentos de dominación autoritaria.

Es decir, en países donde la justicia no tiene “venda en los ojos”, para seguir con las metáforas, no hay juridicidad posible. Allí se recrea una ficción de neutralidad del proceso legal. Los magistrados visten con toga. Por los tribunales desfilan litigantes, sumariantes, testigos, fiscales, defensores y peritos judiciales. Y también se utiliza un vocabulario jurídico, quizás hasta leguleyo.

Pero todo ello ocurre por fuera del derecho, pues se trata de una mera dramatización. El proceso legal está determinado de antemano y decidido en otro lugar, no en juzgado alguno; se reduce a la mera escenografía jurídica de una asociación ilícita.

Estos tres casos ilustran una realidad mayor. Lo paradójico es que, en buena parte de América Latina, el deterioro de las instituciones democráticas es resultado de las propias acciones de un poder del Estado cuya obligación primordial es protegerlas y robustecerlas.