Dos rectores suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela denunciaron este jueves la “remoción de hecho” que sufrieron el mes pasado, cuando la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría oficialista, anunció la renuncia de estas autoridades, sin que ellos hubieran sido notificados antes de algún procedimiento de despido.
En una carta pública, firmada por los rectores Griselda Colina y León Arismendi, ambos recuerdan que fueron designados en mayo de 2021 para un período de 7 años producto de un procedimiento que cumplió todos los requisitos legales y que contó con el respaldo de organizaciones políticas de distinto color.
El Parlamento “decidió ponerle fin anticipado” a la directiva del CNE “con la excusa de la renuncia de los rectores cercanos al oficialismo” (...) y, “aunque no hemos renunciado, la referida medida constituye una remoción de hecho”, reza la misiva.
Colina explicó a la agencia de noticias EFE que, ante esta decisión, “es importante alzar la voz” para manifestar desacuerdo con la forma “en que se disolvió una directiva”, partiendo de la renuncia de ocho de las 15 autoridades que conforman la plana mayor del CNE.
“Eso fue una remoción de hecho (...) cuando avanzan en un nuevo proceso (para escoger nuevas autoridades de la institución), eso tiene que ser visto como un golpe a la institucionalidad electoral, a los acuerdos y a la esperanza de la gente”, sostuvo.
A su juicio, “la estrategia de brazos caídos del CNE durante 2022″, cuando, aseguró, no se realizaron operativos para la inscripción de nuevos votantes, “era un símbolo” de que la institución “no quería hacer ninguna concesión”.
El presidente del CNE, Pedro Calzadilla, y otros rectores informaron de su decisión de renunciar “en aras de contribuir con este noble objetivo” de que Venezuela “termine de enrumbarse hacia la prosperidad económica y la estabilidad social”, según la carta difundida entonces.
La Asamblea Nacional de Venezuela habilitó este martes el proceso de postulación de candidatos para los cargos de rectores del Consejo Nacional Electoral.
Los candidatos tendrán tiempo de comunicar su decisión hasta el 15 de julio y podrán participar los integrantes del Poder Ciudadano -Fiscalía, Defensoría del Pueblo y Contraloría General- y facultades de ciencias jurídicas y políticas de universidades y organizaciones de la sociedad civil, siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos.
Entre ellos, según el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, se exige ser venezolano mayor de 30 años, haberse graduado de la universidad hace por lo menos 10 años y haber ejercido, desde entonces.
Asimismo, se exige no tener vinculación a “organizaciones con fines políticos” ni haber sido condenado penalmente con una sentencia firme en los últimos 20 años y queda descartado automáticamente quien tenga parentesco de hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad con el Presidente o los jefes de los entes postulantes.
No obstante, como suele ocurrir en Venezuela, muy probablemente los hechos no se ajusten a la teoría ya que la última palabra la tendrá el Comité de Postulaciones Electorales -con sus 21 miembros electos el pasado 29 de junio- controlado por los aliados de Maduro.
(Con información de EFE)
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