
A pesar de los avances que se ha logrado en nuestro país en materia de incorporación de las mujeres en los diferentes ámbitos como la salud, educación inclusive en la participación política, no se ve del todo reflejada en el trato que ellas reciben. La violencia de género, en cualquiera de sus formas, ya sea física, sexual, psicológica y económica podrían conducir a un aspecto mucho más grave y preocupante: el feminicidio.
Si bien es cierto existe un marco legal que castiga este delito, las cifras siguen en aumento. Según la Defensoría del Pueblo en el 2022 fueron asesinadas 137 mujeres por sus parejas o exparejas, y 111 tentativas de feminicidio, casi 7% más que el 2021; en ese mismo período 5.380 desapariciones, la mayoría niñas y adolescentes. Muchas de estas desapariciones son reportadas antes de que se conviertan en víctimas del feminicidio.
Lamentablemente en lo que va de este año la violencia de género y machista no cesa, sigue cobrando víctimas en nuestro país, las cifras son alarmantes, según el Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer, durante enero y febrero se reportaron 33 feminicidios y 43 tentativas de feminicidio. Y los casos siguen aumentando, vamos ya hay más de 38 casos de feminicidio.
Las diversas medidas enfocadas a prevenirla no están siendo efectivas. Lo que agrava aún más la situación son los altos índices de impunidad, ya que en muchas ocasiones las víctimas han denunciado otros tipos de violencia, antes de ser asesinadas. Aquí el Estado, a través de sus operadores de justicia, tiene que desplegar políticas y acciones para su especial protección. Esta situación resulta insuficiente dada la cantidad de mujeres que mueren en manos de sus agresores.
Se requiere tomar medidas necesarias para la impunidad manifiesta en la mayoría de casos de feminicidio y de la violencia de género. Las políticas públicas, orientadas a desterrar este flagelo, deben tener suficiente presupuesto, y para ello dada la gravedad de los casos en nuestro país debe declararse en emergencia nacional la ola de feminicidios que sigue en permanente aumento. Para ello, al margen que entre cualquier gobierno de turno debe de establecerse una política de Estado con un trabajo articulado (interministerial y operadores de justicia y organizaciones de la sociedad civil) de desterrar toda forma de violencia hacia nuestras mujeres niñas, niños y adolescentes para poder garantizar un trabajo oportuno, eficiente y eficaz.
Ahora que tenemos mayor presencia de nuestras mujeres en todos los estamentos de nuestra sociedad debemos unirnos para promocionar esta emergencia nacional.
Tenemos varios desafíos, desde el Estado, mediante sus políticas públicas, de generar cambios culturales profundos para ir desterrando la violencia de género. También es importante impulsar la reactivación económica, donde se incluyan políticas de cuidado hacia nuestras niñas y niños en alianza con empresas públicas y privadas. Sólo así nuestras mujeres podrán capacitarse y poder trabajar a tiempo completo, ello tendrá un fuerte impacto en romper el círculo de la violencia machista.

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