
Las lluvias, huaicos e inundaciones ocurridas en el país los últimos días hacen realidad, una vez más, las consecuencias negativas del cambio climático en nuestra vida diaria. Sin duda, es cada vez más necesario y urgente trazar planes de mitigación y adaptación frente a esta amenaza. Si bien estas nuevas estrategias implican una inversión considerable, no ejecutarlas representa un riesgo bastante mayor. Según un reporte de la gigante de los seguros Swiss Re, se espera que los efectos del cambio climático disminuyan entre 11 y 14% el PBI global en el 2050, comparados a los niveles sin cambio climático. Por otra parte, un estudio de Deloitte comenta que acelerar la transición a un mundo carbono neutral generaría ganancias de USD 43 mil millones en valor presente neto en los próximos 50 años.
Buena parte de las acciones que buscan mitigar los efectos del calentamiento global son los cambios en la composición de la matriz energética global, es decir, reemplazar las fuentes de energía más contaminantes, como combustibles fósiles, por fuentes más limpias, como el aire o el sol. Evidentemente, esto implica que mientras se generan nuevos puestos de trabajo relacionados a combustibles verdes, también se produce un incremento en el desempleo para el caso de sus contrapartes más contaminantes.
Es aquí donde aparece el reto de la transición justa. La Organización Internacional del Trabajo la define como el proceso de “hacer que la economía sea lo más justa e inclusiva posible para todos los interesados, creando oportunidades de trabajo decente y sin dejar a nadie atrás.” Así, la transición justa busca que, mientras se impulsa la ecologización de la economía, las personas afectadas cuenten con la protección de sus derechos laborales y opciones para reinsertarse a la fuerza laboral. De esta manera se cumplirá con el objetivo conjunto de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y disminución de la desigualdad y pobreza.
La transición justa tomará distintas formas según la realidad ambiental y social de cada país. Por eso, conforme los países van actualizando sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC por sus siglas en inglés) en línea con el Acuerdo de París, es importante que se incluya consideraciones de transición justa para poder llevarlas a la acción. Se necesitará realizar estudios cuantitativos y cualitativos para entender el impacto de las NDCs, incluyendo a las poblaciones vulnerables. Por otra parte, es relevante el desarrollo de políticas públicas que protejan los derechos laborales de las poblaciones afectadas por el cambio de la matriz.
Finalmente, se necesitará un diálogo constante entre el sector público y privado que garantice un consenso sobre los objetivos de sostenibilidad y las vías para obtenerlos, atendiendo a todos los grupos de interés. Sobre todo, representa una oportunidad para encontrar soluciones coordinadas que permitan modernizar la economía, disminuir la desigualdad y crear empleo decente, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En el caso del Perú, se ha diseñado una hoja de ruta de transición energética que toma en consideración la transición justa en la descarbonización de la economía. Se menciona que, mediante la implementación de mejores prácticas impuestas a nivel global, se podrían generar 933,300 puestos de trabajo netos en el país al 2050. Es momento de llevar esta hoja de ruta a la acción y articular un plan nacional donde participen todos grupos de interés, que dirija la estrategia hacia la energía sostenible, considerando el contexto pospandémico, la crisis económica mundial y la continua crisis política por la que pasamos como país.

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