
Nadie podía presagiar que a espaldas de la mayoría de su Consejo de Ministros, que por norma debía estar enterado y consentir la medida, la ruptura del orden democrático y constitucional adoptada “por sus pistolas” por Pedro Castillo, hasta la tarde del 7 de diciembre, presidente del Perú, fuera anunciada en señal nacional (IRTP), lo que previsiblemente tuvo el efecto de un terremoto en la clase política, la ciudadanía y la comunidad internacional.
Y no era para menos, la orden del cierre del Congreso y la intervención maquillada con el término de “reorganización” de otros poderes públicos y organismos constitucionales, así como disponer la detención de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que lo investiga al exmandatario y a su gobierno por graves indicios de corrupción, era dado por un jefe del Estado en funciones, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.
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En el control del poder político desde su cargo de la más alta magistratura del país, su anuncio tenía por tanto carácter de oficial y no como temerariamente o, para ser más precisos, cantinflescamente pretenden hacernos creer sus ayayeros y quién sabe, también cómplices, que Pedro Castillo solo expresó meros dichos, intenciones, sin connotación penal y que hasta habría estado obnubilado de su conciencia al punto de no recordar lo que hizo, pero que eso sí, muy convenientemente, se ha negado a pasar exámenes toxicológicos por químicos forenses.
Nuestra democracia tuvo rápidos reflejos por parte de sus instituciones y, en pocas horas, se restableció el orden constitucional (vacando al usurpador y dando paso a la sucesión presidencial), condenándose unánimemente el golpe de Estado. Pedro Castillo fue un dictador al intentar reunir todos los poderes públicos y gobernar a través de decretos tal como sucede en una dictadura, además de privar de su libertad a la misma fiscal de la Nación que lo investiga.
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Dicha condena también vino de la comunidad internacional, incluida la OEA que llamó al nefasto evento como “repudiable y condenable”, salvo contados líderes mundiales como los presidentes de México y Colombia, que, de forma inaceptable, se inmiscuyen en nuestra soberanía y fustigan el tratamiento que los operadores del derecho le vienen dando al aprendiz de dictador, a quien se le han respetado sus derechos humanos y cuyas diligencias se registran en imágenes para mayor constancia, con presencia de su defensa técnica y el Ministerio Público.
El dato que no podemos pasar por alto es la confirmación del presidente Andrés Manual López Obrador (AMLO) de México que el día del golpe de Estado, el propio Pedro Castillo lo llamó y le pidió asilo para él y su familia, que también viene siendo investigada, lo que ha corroborado la tesis del Ministerio Público de que el dictador buscaba evadir la acción de la justicia. Ojo con eso.
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Así las cosas, la vicepresidenta electa en la plancha presidencial, la abogada Dina Boluarte, asumió por sucesión la presidencia del Perú y juró al cargo ante el Congreso de la República, con lo cual hace historia al ser la primera mujer en nuestra vida republicana en asumir dicho cargo.
Sus retos son enormes y quijotescos con una población muy polarizada que clama por el adelanto de elecciones generales, las que no podrán darse sin reformas políticas que nos aseguren que gente improvisada, que exacerbó los odios y diferencias de clases, además de corrupta, tenga acceso a los cargos de elección popular.
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Por lo pronto, la presidenta Boluarte, en un gesto digno, de resaltar ha designado un gabinete paritario con marcada experiencia en el sector público, a quienes desde esta columna hacemos votos para que se enmienden los enormes retrocesos en materia de igualdad de género, como inclusive informó recientemente la OEA, ocasionadas tanto por el Ejecutivo como el Legislativo. Confiemos.

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