
El financiamiento externo al que recurren muchos países les da la posibilidad de contar con recursos financieros que se suman a los que provienen de su propia economía. Estos recursos, adecuadamente gestionados, permiten mejorar sus perspectivas de desarrollo y las condiciones de vida de su población.
Al respecto, una preocupación básica y fundamental de una administración de gobierno es predecir la cantidad que podría tomar prestado y a qué costo. El financiamiento externo será útil para los objetivos de desarrollo de una economía, según sea el flujo o volumen de dicho financiamiento y la tasa de interés asociada al mismo.
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En ese sentido, un país es merecedor de condiciones favorables para el financiamiento externo, según la calificación crediticia obtenida. Tres son las calificadoras de riesgo más importante a nivel global: Moody’s, Standard and Poors y Fitch Ratings. Dos ellas se han pronunciado en el mes de octubre acerca de la calificación crediticia (en dólares) de Perú.
El 20 de octubre, Fitch Ratings anunció, que, si bien mantenía la calificación crediticia peruana en dólares, modificaba la perspectiva de estable a negativa. Por su parte, el 25 de octubre, Standard and Poors, confirmó que mantiene estable la calificación crediticia peruana en dólares. Para Fitch Ratings, Perú muestra fundamentos macroeconómicos sólidos, y en efecto es así.
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Ahora bien, para no extender el análisis en un conjunto de variables, se tomará como ejemplo la liquidez internacional del país, reflejada en sus Reservas Internacionales Netas, la cual, a diciembre del 2021, representaba 1.7 veces los saldos de deuda pública externa, demostrando suficiencia en la tenencia de divisas con los consecuentes impactos en la reducción del riesgo país y el incremento de la inversión extranjera directa.
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Entonces, si el Perú muestra solidez financiera, y cuenta con la suficiente liquidez para responder por sus acreencias ¿Por qué Fitch Ratings redujo la expectativa crediticia del Perú de estable a negativa? Su preocupación está basada en la inestabilidad política motivada por la ineficiencia en la gestión pública y los indicios de corrupción que recaen sobre la actual administración de gobierno.

Esta variación en la perspectiva de estable a negativo, sobre la deuda peruana en dólares, no corresponde a un anuncio sorpresa, en uno de los últimos reportes sobre Perú, en el mes de setiembre, Fitch Ratings se pronunció acerca de la inestabilidad político-social y su efecto en la percepción del riesgo soberano peruano.
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La advertencia estaba dada, pero al parecer no fue advertida. Un tema no menor, dentro de las preocupaciones de Fitch Rating es la degradación de la calificación crediticia de Petroperú cómo empresa del Estado, que fue la consecuencia de un conjunto de acontecimientos graves en la gestión de dicha empresa, como la falta de transparencia en la publicación de los Estados Financieros del 2021, que motivó incluso a que el auditor diera un paso al costado, los serios problemas de liquidez, que motivo a la administración de gobierno extender un salvavidas a partir de un crédito especial de 750 millones de dólares, que en vez de generar una expectativa positiva en la búsqueda de las soluciones a los problemas de esta empresa estatal, siembran mayores dudas sobre el uso idóneo de los recursos financieros del país.
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En el año 2008, el Perú obtuvo el grado de inversión. Catorce años más tarde, se encuentra frente al riesgo de perder esa calificación, lo cual sería perjudicial para los intereses del país. Frente a ese escenario, ¿cuáles son aquellas señales que deben emitir para mejorar la gobernanza del país? Es tan inestable el actual contexto político que el desenlace es difícil de predecir. La agenda de tareas para solucionar los problemas del país es muy amplia, y se debería empezar por aquellos en los que resulta más probable hallar consensos.
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Al respecto de las advertencias de Fitch Ratings y la contingencia en la que se encuentra el Perú, por la posibilidad de caer por debajo del grado de inversión, resulta de suma relevancia las acciones y respuesta que mitiguen este riesgo, por parte de la administración de gobierno. Si bien se requiere de un conjunto de medidas, al menos tres deben ser inmediatas: primero, dejar de insistir en la propuesta de cambios a la constitución; segundo, emprender un proceso transparente para la elección de profesionales idóneos y competentes que enrumben los destinos de Petroperú; y tercero, emprender una campaña orientada a fortalecer la institución del control interno y prevención de delitos de corrupción en las entidades gubernamentales.
Perú muestra signos de solidez financiera, ello haría difícil suponer que se encuentra frente a la posibilidad de una rebaja crediticia, o peor aún, de perder el grado de inversión. Sin embargo, estos no son los únicos factores que inciden al momento de determinar una calificación crediticia para un país, a ellos se suman algunos de carácter cualitativo, pero que no son menos importantes, porque son una muestra de la vulnerabilidad que puede tener dicho país en el ajuste de sus medidas de política que afecten su voluntad de pago frente a los acreedores.
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Más allá del ruido político, habría que abrigar la esperanza que la actual administración de gobierno tenga claro el rol que le toca jugar, para mitigar el riesgo de una rebaja crediticia y evitar así los perjuicios sobre el desarrollo económico del país.

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