El gobierno de Perú ha presentado al Congreso un proyecto de ley de nueva constitución, para someter a referendo la convocatoria a una Asamblea Constituyente que elabore la Constitución número 13 de la una república de 201 años, con lo cual tendríamos un promedio de una constitución por cada 15 años de república.
Después de la primera Constitución (1823), que fue una necesidad republicana impostergable, todas las que vinieron fueron hechas por intereses solo políticos, a costa de la ilusión que se vendió al “pueblo”, pues sonaban bien, eran música a la oreja de peruanos aburridos de corrupción, pobreza y abuso. Ninguna resolvió los problemas del país.
La propuesta del presidente Pedro Castillo tiene una clara intención política y propagandística, como reacción al desplome que sufre él y su gobierno por adversidades, errores y cuestionamientos masivos e intensos, como las acusaciones de corrupción que involucran al mismo presidente y a otros funcionarios, la incapacidad de controlar el paro de transportistas en el que murieron muchos peruanos, la crisis en el ministerio de Salud y graves errores y retroceso en la vacunación, el toque de queda que se debió revocar horas después ante la fuerte protesta popular.
Estos hechos, que han hundido al gobierno de cara a la ciudadanía, se reflejan en una fuerte caída de la popularidad presidencial en las encuestas.
A esto se suma la rápida distancia del gobierno con la izquierda caviar y la Iglesia Católica, que le daban soporte político y que ahora se han convertido en críticos implacables. Los aliados hasta hace muy poco, piden la renuncia del presidente y la convocatoria a nuevas elecciones generales.
Así, el presidente Castillo, que ahora solo tiene el respaldo de un Perú Libre radical que “discrepa” de las formas de la democracia, ha presentado al Congreso la iniciativa del referendo para nueva constitución, esperando recuperar imagen política, vendiendo la ilusión de nueva carta magna, el cuento de hadas que le permita relanzar su proyecto marxista-leninista.
La nueva Constitución es al presidente Castillo lo que la “reforma política” fue al presidente Vizcarra, un distractor político y social ante la debacle del gobierno. Al no tener resultados que mostrar, Vizcarra acudió a la “reforma política” que de nada sirvió, para luego utilizar política y propagandísticamente la pandemia, para ganar aliados y puntos en las encuestas.
Hace menos de tres meses, el Congreso aprobó una ley que establece que toda reforma de la constitución debe ser aprobada primero por el Congreso, antes de ser sometida a referendo. De esta manera, la legislación vigente en Perú indica claramente que el proyecto del Ejecutivo no pasará en la Comisión de Constitución del Congreso.
El proyecto de Castillo y Perú Libre avanzará cual caballo de Troya, llevando dentro el recorte de libertades y el estatismo. De momento, el gobierno espera contar en el Congreso con el respaldo y los votos que ha tenido para evitar la vacancia presidencial, votos cuestionados por la sospecha masiva de que fueron obtenidos bajo la mesa, a cambio de beneficios.
El cambio de Constitución es pieza clave del proyecto político del partido de gobierno: crear un nuevo Estado con el control absoluto de las instituciones y el poder, bajo la guía de un supuesto socialismo que, se sabe, solo trae pérdida de libertades y pobreza, a la vez que crea una casta de burócratas corruptos que se benefician de los recursos del Estado.
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