La corrupción es el origen de los problemas que ha vivido México. Sin embargo, la lucha contra la corrupción empieza a dar sus resultados. El desafuero del gobernador Cabeza de Vaca, marca un antes y un después en la historia de impunidad que hemos vivido y el mensaje es que nada ni nadie está por encima de la ley.
Son tiempos de cambio, tiempos de que llegue la justicia. Y a pesar de que el gobernador pretenda refugiarse en los poderes locales, será llevado a la justicia. El pueblo de México puede tener certeza de que no habrá impunidad ni con él, ni con otros personajes como los diputados Huerta o Mauricio Toledo.
Delitos como el desvío de recursos, el enriquecimiento ilícito o el uso indebido de programas sociales son tan sólo algunos ejemplos de prácticas tradicionales de políticos y funcionarios que pervierten el servicio público para saquear las arcas del país.
El actual gobierno está cumpliendo y ha emprendido la lucha contra la corrupción. Personajes como Alonso Ancira, expresidente de Altos Hornos de México, ha tenido que enfrentar los cargos y tuvo que ofrecer devolver parte de lo robado para seguir el proceso bajo el beneficio de hacerlo en libertad.
Adicionalmente, el fuero ha sido suprimido por algunas legislaturas locales y en otros casos se han dado importantes reformas desde el Congreso de la Unión y los Congresos Locales. Se han armonizado marcos normativos para acotar la obscuridad de la ley, sus vacíos y lagunas por las que solía ser eludida la justicia.
Podemos traer a ejemplo, la reforma aprobada en abril del 2019 por la cual se otorga la facultad al Ministerio Público de solicitar la prisión preventiva oficiosa en caso de corrupción, enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones entre otros delitos.
Por su parte, el Congreso de la Ciudad de México entrará a la discusión de las reformas que permitan, no sólo homologar el marco normativo con nuestra Constitución Federal, sino evitar que aquellos que han robado del erario alcancen la impunidad por el paso del tiempo.
La imprescriptibilidad de los delitos que desfalcan al erario encuentra su motivación en atajar la corrupción y la impunidad. Es un imperativo romper con la tradición de imponer al sucesor o sustraerse de la vida pública para asegurar que el paso del tiempo sea el camino natural de la impunidad.
Es innegable que aún hay pendientes por transitar, sin embargo, se ha hecho lo que en el pasado estuvo negado. Llevar ante la justicia a magnates, políticos y altos funcionarios era una prohibición implícita del sistema, pero hoy, la esperanza empieza a materializarse.
*Ricardo Ruiz Suárez es diputado de la Ciudad de México por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Maestro en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha sido catedrático e investigador del Departamento de Derecho de la UAM-Azcapotzalco.
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