
Los dictadores del socialismo del siglo XXI o castrochavismo tienen la característica de anunciar y promover los crímenes que cometerán, publicitarlos internacionalmente y terminar imponiéndolos como agenda política. Es la estrategia, que bajo el mando de Cuba, se aplica en Venezuela, Bolivia y Nicaragua para presentar como hechos políticos los más diversos y horrendos crímenes y permanecer indefinidamente en el poder con impunidad. Este es el caso del hecho criminal que denominan “elecciones parlamentarias de Venezuela” -6 de diciembre 6D- que prueba el estado de indefensión de los pueblos.
Insisto que en Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua no hay elecciones, son votaciones en las que el ciudadano es forzado a votar pero no puede elegir. El ciudadano vota pero no elige, lo violentan viciando de nulidad su voluntad que es suplantada y/o manipulada por medio del fraude, las falsificaciones y los delitos que liquidan el sufragio universal, la igualdad de las personas y hacen imposible las elecciones “libres y justas”. El castrochavismo ha hecho de la manipulación de las elecciones uno de sus elementos fundamentales por medio de delitos.
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Los regímenes del castrochavismo se han establecido en el concepto de “dictadura electoralista”, que he definido como “el régimen que por la fuerza o violencia concentra todo el poder político en una persona o grupo, que reprime los derechos humanos y las libertades fundamentales y que utiliza las elecciones como medio de simulación y propaganda para mantenerse indefinidamente en el poder”.
Las dictaduras castrochavistas usan el “fraude sistémico” que es el introducido en sus constituciones y leyes infames para desvirtuar el sufragio universal y hacerlo desparecer mientras lo proclaman, extinguir la igualdad de los ciudadanos y manipular las leyes para construir mayorías absolutas con minorías falsificadas. Usan también el “fraude fáctico” o de hecho, obligando al ciudadano a votar con amenazas de empleo, presión con el hambre y necesidades, uso de violencia, manipulación tecnológica de los resultados, complicidad de “opositores funcionales”, inexistencia de autoridades imparciales, falsificación del padrón electoral, alteración de registros y mas.
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Observando el caso de las llamadas elecciones parlamentarias de Venezuela 6D, de manera enunciativa y no limitativa los hechos criminales cometidos para realizar esta “elección en dictadura” son los de suplantación de autoridades e instituciones creando una constituyente, imponer un apócrifo tribunal supremo de justicia, atribuirse los derechos del pueblo, persecución política contra líderes de la oposición y candidatos, detenciones ilegales, torturas, procesos amañados en justicia dictatorial, desconocimiento de capacidad jurídica a partidos de oposición, amenazas contra ciudadanos para forzarlos a votar, suplantación abierta del voto universal y secreto en el caso de poblaciones indígenas, falsificaciones materiales e ideológicas, uso de instrumentos falsificados, uso indebido de fondos públicos, producción y difusión de noticias falsas y mas.
Lo hicieron en Bolivia el 18 de Octubre y lo repiten el 6D en Venezuela. Comenten decenas de delitos concatenados entre si, concursos delictivos ideales y reales, verdaderas puestas en escena criminales anunciadas, con guión, publicitadas, llevadas a cabo con premeditación, alevosía y gran éxito, que rematan en la impunidad que genera indignación, incertidumbre, frustración e impotencia en los pueblos que quedan en un probado y repetido “estado de indefensión”.
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Frente a los crímenes que el socialismo del siglo XXI llama “elecciones”, los pueblos de Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua están indefensos. El estado de indefensión es la “situación en que se coloca a quien se impide o se limita indebidamente la defensa de su derecho” y su consecuencia es la “nulidad de lo actuado”. La uniforme jurisprudencia establece que en el estado de indefensión el ciudadano se “encuentra inerme o desamparado, es decir sin medios físicos o jurídicos de defensa o con medios insuficientes para resistir o repeler la agresión, la vulneración de su derecho fundamental”.
Ejecutados los crímenes electorales en Bolivia y en usufructo de sus resultados con reposición de la dictadura plena, en curso de aplicación de los crímenes en Venezuela para terminar con la Asamblea y el Presidente Legítimo con complicidad internacional anunciada, vienen los mismos delitos en Nicaragua y los pueblos están indefensos. Revertir esta situación es la tarea de los organismos internacionales, de los países democráticos y de las oposiciones verdaderas.
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*Carlos Sánchez Berzain es Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for democracy
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