En 1988 un grupo disidente del PRI le desafió y compitió de igual a igual en las elecciones. Los reportes de entonces aseguraban que la Corriente Democrática, luego PRD, había sido el vencedor. Se habló de fraude, lo cual era costumbre. No necesariamente para vencer sino por la codicia plebiscitaria de la familia revolucionaria.

Pues ahora fue por necesidad, sin fraude no llegaban a Los Pinos. Salinas de Gortari asumió la presidencia aquel 1ro de diciembre con media Cámara de Diputados vacía. Jamás había sucedido algo semejante: el poder presidencial estaba diluido el primer día del sexenio.

Fue el síntoma de algo más profundo: la erosión del régimen de partido hegemónico, aquel autoritarismo benigno del PRI. Ya no alcanzaba con la legitimidad de la revolución, la misma debía nacer ahora de una elección libre y justa. Con aquella crisis comenzó la transición democrática mexicana.

En 1990 fue aprobada la legislación que creó el Instituto Federal Electoral. El IFE, convertido en INE en 2014, fue diseñado como un ente políticamente autónomo y neutral, provisto de las recursos técnicos necesarios para administrar el proceso electoral en toda su extensión, desde empadronar ciudadanos hasta contar los votos. Además se nutrió de los recursos humanos más competentes.

Debe reconocerse que la elite priista tuvo un importante grado de lucidez. Ante lo inevitable, fue capaz de sacrificar parte de su poder para no perderlo todo. Compartiéndolo, esto es, principio fundante de la democracia, y consolidando una institución capaz de generar confianza y estabilidad, que es lo que hacen las buenas instituciones.

Nota al pie de página, cuando en Estados Unidos se creó la “Comisión para la Reforma Electoral Federal”, conocida como “Carter-Baker Commission”, ello a raíz de la crisis electoral de Florida en el año 2000, produjeron un informe. Muchas de las recomendaciones allí contenidas tuvieron inspiración en las reformas electorales mexicanas, incluyendo la creación de un ente autónomo-técnico a nivel nacional como el IFE.

Regreso a la historia. El PRI ganó en 1994 pero perdió la elección de 2000, 36 a 42%, reconociendo la derrota y transfiriendo el poder pacíficamente a Vicente Fox del PAN. Concluyeron de este modo setenta años de hegemonía. Fue un hecho histórico, el surgimiento de una democracia sin mayorías permanentes y verdaderamente competitiva. México conoció el concepto de alternancia y allí estaba el IFE, hoy INE, para certificarlo.

En la elección de 2006 volvió a ganar el PAN, y en 2012, el PRI. Desde la elección de 2000 fue consolidándose un sistema competitivo de tres tercios con tendencia al empate. Fox ganó con el 42%, y a partir de allí ningún presidente llegó al poder con más del 38% de los votos.

Eso hasta 2018, cuando López Obrador desempató al vencer con más del 53% y lograr una amplia mayoría parlamentaria. El presidente actual había sido parte de la Corriente Democrática y el PRD—su origen es priista—siendo además derrotado en 2006 por una diferencia de 0.5 por ciento, lo que desde entonces denuncia a viva voz como un fraude.

Lo anterior como contexto, pues Morena, el partido oficialista, acaba de dar a conocer propuestas de reformas en el INE. Incluyen reducir de nueve a tres años el periodo del presidente del Consejo General del Instituto, con lo cual dos tercios de los Diputados deberán elegir un nuevo presidente cada tres años. La intención declarada es permitir una mayor flexibilidad en el Consejo con una presidencia rotativa.

Otras propuestas son justificadas como supuesto ahorro de recursos: eliminar los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), reducir el salario de los consejeros y funcionarios, el número de integrantes del Consejo General de 11 a 7 y cortar el financiamiento de los partidos políticos por la mitad.

Todo esto, sin embargo, debe interpretarse como la búsqueda de la discrecionalidad. Los cambios propuestos debilitarían a una institución independiente que ha garantizado elecciones creíbles y ha protegido a la democracia de los abusos de los partidos en el poder en el tiempo. La iniciativa es particularmente preocupante ahora, pues este partido en el poder controla ambas cámaras legislativas.

La reducción del periodo del presidente del Consejo lo hace vulnerable simplemente porque una elección cada tres años, en lugar de nueve, resultará en una hiperpolitización de dicho proceso. Ello va contra la propia lógica de la misión del INE, que exige neutralidad política y prescindencia partidista, tal y como se requiere de las autoridades del Banco Central y del Poder Judicial, entre otras instituciones apolíticas. Con una mayoría del partido de López Obrador en el Congreso, estas reformas hacen plausible un INE convertido en instrumento del oficialismo.

Sería grave. López Obrador es un presidente con gran poder discrecional, algunos lo comparan con Porfirio Díaz. Siempre flirtea con la idea de una reforma constitucional, su mesianismo es típico de los políticos que creen ser imprescindibles. Un INE al alcance de su mano podría tentarlo, es así como se persigue la perpetuación.

López Obrador siempre regresa al pasado. Ello es obvio en su visión de una estrategia económica que añora, el desarrollismo sustitutivo de los setenta. Pues también podría volver al pasado en la política, buscando un regreso a la opacidad electoral. La reforma propuesta parece propia del régimen hegemónico del PRI. De aquel pasado proviene el presidente después de todo.

Esperemos que no se embarque en la búsqueda de una reelección que le daría doce años en el poder. Seria trágico por cierto. Al menos el PRI hegemónico era leal al lema originario de Francisco Madero que rige desde 1910. “Sufragio efectivo, no reelección” es la identidad de México.