El “milagro chileno” y las razones de una crisis social y política

El mes de octubre de 2019 tiene todos los componentes como para entrar a los libros de historia. Lo que partió como un llamado de estudiantes secundarios a evadir el pago de los pasajes de metro, para protestar por la suba de tarifas, terminó por transformarse en una serie de movilizaciones nacionales de gran escala. Una de ellas, la del viernes 25 de octubre, denominada la marcha más grande de Chile, congregó a más de 1.200.000 personas solamente en la ciudad de Santiago. Estas movilizaciones, de naturaleza fundamentalmente pacífica, fueron en ocasiones opacadas por protestas de carácter violento, saqueos, vandalismo y destrucción de infraestructura.

Todo esto a días de que el presidente Sebastián Piñera destacara a Chile como un oasis en medio de una región convulsionada. Las declaraciones del Presidente reflejan la percepción más o menos instalada entre buena parte de las élites chilenas, y algunos observadores internacionales, acerca del extraordinario desempeño económico de Chile, algo que Milton Friedman en su momento llamó el “milagro chileno”. La idea de que el caso chileno era una especie de modelo a seguir se popularizó al punto de que si se introduce el concepto de “milagro chileno” en Google, se obtienen 58.300 hits. El notable estallido social que Chile experimenta contrasta fuertemente con estas percepciones y refleja la desconexión de las élites con la ciudadanía.

Son diversas las razones que explican este estallido social, pero tres factores parecen particularmente relevantes. Por un lado, la irrupción de una clase media altamente precarizada, con ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades, que no es elegible para recibir beneficios sociales. Esta clase media precarizada acumula una enorme frustración fundamentalmente en torno a las inequidades de acceso, calidad y suficiencia de la salud, las pensiones, la educación y el empleo. A esto deben sumarse otras inequidades vinculadas a categorías socioestructurales, como la clase, el género y la etnia.

Por otro lado, desde 2006, cuando los estudiantes secundarios comenzaron a movilizarse reclamando mejoras a la educación, la protesta se convirtió en un mecanismo privilegiado para visibilizar el descontento respecto de las desigualdades de diversas áreas y políticas. América Latina es la región más desigual del mundo (al menos en términos de ingresos) y todos sus países han convivido con elevados niveles de desigualdad desde siempre. En ese sentido podría afirmarse que la desigualdad en América Latina tiene un carácter estructural. No obstante, en Chile las desigualdades han sido crecientemente politizadas y han estado en el centro de la protesta social y del descontento.

El problema es que buena parte de la institucionalidad vigente fue consagrada fundamentalmente en una constitución diseñada durante el gobierno militar de Augusto Pinochet, para proteger y perpetuar un “modelo chileno” que ahora se encuentra cada vez más asediado. Dados los múltiples “amarres institucionales” vigentes, es muy difícil promover transformaciones de fondo que se adapten y reflejen las demandas emanadas de la movilización social. He aquí el nudo que tiene entrampado a Chile: una sociedad movilizada, que politiza las desigualdades y demanda transformaciones profundas que no pueden ser procesadas, al menos con la institucionalidad vigente.

Más allá de anuncios y retórica, hasta ahora el gobierno de Sebastián Piñera ha buscado hacer frente a las movilizaciones a través de tres principales estrategias. En un inicio, condenó la protesta y a los “violentistas”, indicando que el país se encontraba en guerra, y centrando sus esfuerzos en restablecer el orden público a través de la adopción del Estado de Emergencia y de toques de queda. Posteriormente, convocó a los presidentes de los partidos, pidió perdón por su falta de visión y propuso una serie de medidas, algunas de ellas de carácter inmediato, para mejorar las pensiones básicas y los aportes a las pensiones más bajas, crear un seguro para enfermedades catastróficas, mejorar el acceso a los medicamentos, incrementar el ingreso mínimo, impulsar el establecimiento de salas cunas universales, y rebajar las dietas parlamentarias, entre otras iniciativas. En tercer lugar, hacia la última semana de octubre, se mostró más dispuesto al diálogo, convocando a actores no políticos, suspendió el Estado de Emergencia y los toques de queda, y realizó cambios de ministros. Sin embargo, las protestas no han cesado.

La salida de esta crisis no será fácil y requerirá de altos niveles de generosidad y sacrificios, así como de amplios y profundos compromisos por parte de todos los actores políticos, dentro y fuera del gobierno, con la participación de la sociedad civil. La oposición no puede restarse de los procesos de negociación requeridos para avanzar. Intentar, como un sector de la izquierda ha hecho, empujar una acusación constitucional contra el presidente, que por lo demás difícilmente prosperará dada la distribución del congreso, solo ahondará más la crisis de legitimidad del sistema y sus actores.

El gobierno, por su parte, debe avanzar no sólo las medidas de corto plazo anunciadas recientemente sino también establecer una agenda clara y explícita, de largo plazo, que involucre un diagnóstico y que empuje los límites del sistema. Esto requiere reconocer que es necesario no sólo reducir las desigualdades sino también reemplazar la estructura institucional vigente por otra que más flexible que refleje las preferencias de una sociedad que ha ido cambiando con el correr del tiempo y que permita procesar institucionalmente las demandas de la ciudadanía. Si la dimensión política de esta crisis no es tomada en serio, los ajustes al “modelo” estarán destinados al fracaso.

La autora es profesora asociada en la Universidad Diego Portales de Chile