Por ahora, Delcy Rodríguez

La política suele definirse como “el arte de lo posible”, pero en realidad es también el territorio de lo improbable. Con frecuencia, aquello que parecía impensable termina ocurriendo, mientras que las certezas de ayer se desvanecen en cuestión de días. Pensamos que la única jugada es la que vemos sobre la mesa, cuando en realidad la política, como el ajedrez, siempre esconde movimientos fuera del tablero. Eso es exactamente lo que parece estar ocurriendo con Venezuela.

El pasado 3 de enero el tablero cambió de forma abrupta. Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, abriendo un escenario político que pocos habían imaginado. A partir de ese momento emergió una figura que hasta hace poco parecía imposible como interlocutora: Delcy Eloína Rodríguez, quien quedó a cargo de un interinato que, según distintas comunicaciones oficiales, ya cuenta con una doble ratificación: la primera fue la del presidente Donald Trump durante la cumbre Escudo de las Américas, celebrada el 7 de marzo en Miami. La segunda llegó a través de una carta enviada por el embajador Michael G. Kozak al fiscal del Distrito de Nueva York, Jay Clayton.

En esa comunicación se afirma sin ambigüedades: “Señores, a partir de hoy, la única jefa de Estado en Venezuela es Delcy Rodríguez”.

Sí, Delcy Rodríguez. La misma que durante años estuvo sancionada por Washington, la misma que formó parte del núcleo más duro del régimen chavista y madurista, la misma cuyo nombre, hasta hace muy poco, provocaba rechazo inmediato en los pasillos del poder estadounidense.

Y, sin embargo, hoy es presentada como la autoridad única para actuar en nombre del Estado venezolano y firmar acuerdos o decisiones que se definan desde el Salón Oval de la Casa Blanca.

La lógica detrás de esta decisión parece clara. La carta también señala que la normalización facilitará los esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar hacia una eventual reconciliación política en Venezuela. Pero esa normalización tiene un precio y es un precio gigantesco.

Durante más de dos décadas el chavismo construyó su proyecto político sobre una política agresiva de expropiaciones, confiscaciones y rupturas contractuales. Empresas extranjeras fueron expulsadas, tierras fueron tomadas y acuerdos internacionales fueron ignorados.

Las frases quedaron grabadas en la memoria colectiva del país: “Exprópiese”, “Cierren y entréguenme las llaves”, “No reconocemos ese acuerdo”; durante años fue retórica revolucionaria hoy se traduce en miles de millones de dólares en reclamaciones internacionales.

La deuda acumulada por el Estado venezolano, entre compromisos financieros, litigios internacionales y compensaciones por expropiaciones, podría superar los 190 mil millones de dólares.

Alguien tendrá que comenzar a responder por esa factura y es Delcy Eloína la que deberá pagar, puesto que no bastará con discursos ni gestos políticos. Será necesario renegociar deudas, enfrentar arbitrajes internacionales y restablecer la confianza de inversionistas que durante años consideraron al país uno de los entornos más hostiles del mundo para hacer negocios.

Para millones de venezolanos que han sufrido persecución, exilio, presos políticos y una crisis humanitaria devastadora, la nueva realidad geopolítica transmite una conclusión amarga: en la política internacional el pragmatismo suele pesar más que la memoria. Los muertos, los presos, los exiliados y las marchas parecen pesar menos que los barriles de petróleo que aún reposan bajo el suelo venezolano.

Es una verdad incómoda, pero no nueva, por ahora Delcy es la continuidad del fracaso y la destrucción; la diferencia es que en vida y en corto tiempo tiene que cumplir.