Un anticuario de 74 años fue condenado en el estado de Victoria, Australia después de que las autoridades hallaran más de 700 animales muertos, congelados o disecados en su casa y en su negocio. Entre los ejemplares había 78 emúes, 26 equidnas, 42 zarigüeyas de cola peluda y restos de especies amenazadas.
Glenn Richard Rollo admitió 13 cargos por delitos contra la fauna y por incumplimientos en el cuidado de animales. La sentencia se dictó el martes 20 de octubre de 2026 en el Tribunal de Magistrados de Kyneton. El expediente reveló que el acusado reunió y conservó la colección sin los permisos exigidos por la normativa local.
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Según informó la cadena pública australiana ABC, Rollo recibió una multa de $ 10.000 australianos, cerca de USD 7.000. El magistrado Patrick Southey sostuvo que la sanción habría sido de $ 15.000 australianos si el anticuario no hubiera reconocido su responsabilidad.
Los inspectores encontraron animales en 14 congeladores
La investigación formaba parte de una causa sobre comercio ilegal de fauna silvestre. En abril de 2025, inspectores de la Conservation Regulator, el organismo estatal que controla la protección ambiental y de la fauna en Victoria, registraron dos propiedades relacionadas con Rollo.
La inspección se extendió durante cuatro días e incluyó su vivienda y su local de antigüedades en Kyneton. Los agentes encontraron animales disecados en distintos sectores de ambos lugares y restos congelados guardados en 14 freezers. De acuerdo con People, el conjunto incluía numerosas especies nativas australianas.
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Las autoridades también recuperaron restos de un búho ladrador, una pitón diamante y una tortuga de cuello corto del río Murray. La tenencia de esos animales está regulada y, en ciertos casos, requiere permisos especiales por su nivel de protección.
Hallaron reptiles vivos y animales cuya tenencia está prohibida
Los inspectores no solo encontraron ejemplares muertos. En las propiedades había 15 reptiles vivos, incluidos seis animales nativos alojados en condiciones que, según el organismo estatal, no cumplían con las exigencias de bienestar animal.
Además, identificaron tortugas de orejas rojas norteamericanas y serpientes del maíz. Victoria considera a ambas especies animales plaga prohibidos, de modo que no pueden mantenerse en cautiverio sin una autorización oficial.
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Los cargos aceptados por Rollo incluyeron la posesión y venta ilegal de fauna silvestre, la captura de ejemplares sin permiso y el incumplimiento de las obligaciones de cuidado.
Durante la audiencia, Southey cuestionó la conducta del anticuario. “Es desconcertante que un hombre de su inteligencia, conocimiento y amor por la fauna haya infringido la ley de una forma tan completa y arrogante”, afirmó el magistrado, según la Conservation Regulator.
Para fijar la multa, el tribunal consideró la edad de Rollo, sus antecedentes, la admisión temprana de los cargos y su capacidad económica limitada. Esos factores redujeron el monto de la pena.
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El caso reavivó el debate sobre la protección de la fauna
Cal Heppell, director de operaciones de la Conservation Regulator, defendió las normas sobre la tenencia y el comercio de animales silvestres. “Nuestras leyes y sistemas de permisos ayudan a proteger a la fauna de la explotación ilegal, garantizan que los animales reciban la atención adecuada y resguardan el ambiente y la biodiversidad de Victoria frente a posibles amenazas”, señaló en un comunicado del organismo.
Heppell agregó en ese comunicado que los requisitos legales “no son opcionales” y remarcó que quienes posean, comercien o cuiden fauna silvestre deben cumplirlos.
La condena recibió cuestionamientos de Georgie Purcell, diputada estatal del Partido Justicia Animal y vecina de la zona donde funcionaba el negocio. “Una multa de $ 10.000 por un delito como este es absolutamente indignante”, dijo a ABC. Para Purcell, la sanción no transmite un mensaje suficiente sobre la protección de los animales nativos.
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El proceso coincide con una actualización del marco legal de Victoria. Una revisión independiente de la Ley de Vida Silvestre derivó en nuevos delitos y penas máximas más altas para infracciones contra especies protegidas.
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