El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, anunció que impulsará siete proyectos de ley para cubrir un déficit presupuestario agravado por una brecha de USD 26.535 millones en el gasto militar y advirtió que las decisiones previstas podrían resultar impopulares. Zelensky no detalló el contenido de las iniciativas, aunque sostuvo que son “necesarios para financiar el déficit del presupuesto estatal”.
“Algunas cosas pueden ser difíciles, desagradables e impopulares. Pero ahora mismo, sin ellas, es imposible garantizar la plena satisfacción de las necesidades de nuestra defensa y la resiliencia de Ucrania”, afirmó el mandatario en su mensaje diario a la nación difundido a través de redes sociales.
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Y agregó: “Hay que cubrir el déficit. Son miles de millones de dólares que los votos positivos pueden aportar a Ucrania”.
La economía ucraniana depende en gran medida de la asistencia de sus aliados occidentales para sostener el gasto público y financiar la guerra contra Rusia. La situación se deterioró en los últimos meses, en parte por el mayor uso de misiles de largo alcance de ambos bandos contra objetivos dentro del territorio rival.
Esos ataques consumieron recursos previstos para la segunda mitad del año. A la vez, las ofensivas rusas golpearon al sector metalúrgico y a las exportaciones agrícolas, dos fuentes centrales de ingresos para Ucrania.
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La presidenta del comité de Presupuesto del Parlamento ucraniano, Roksana Pidlassa, calculó que cada jornada de guerra cuesta cerca de USD 190 millones y señaló que el país no dispone de recursos suficientes para afrontar ese gasto por cuenta propia.
En agosto, Zelensky pidió a líderes europeos reunidos en Kiev “mucho más” respaldo económico. Los países europeos habían acordado a finales del año pasado un préstamo de USD 103.000 millones para Ucrania durante 2026 y 2027, destinado a cubrir el déficit militar y civil existente. Desde la invasión rusa a gran escala de 2022, Ucrania recibió más de USD 265 millones de euros de países europeos y casi USD 130.000 millones de Estados Unidos.
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En paralelo al déficit generado por la guerra, a Zelensky se le suman problemas internos dentro del Gobierno. El mandatario destituyó el lunes al fiscal general, Ruslan Kravchenko, después de que investigadores anticorrupción lo acusaron de recibir sobornos vinculados con una red de protección a centros de llamadas fraudulentos.
Zelensky formalizó la salida de Kravchenko a través de un decreto gubernamental y pidió al Parlamento que respalde la medida “sin demora”. “Solo hay una opción para el fiscal general: la destitución”, afirmó vía Telegram.
La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU, por sus siglas en ucraniano) allanó este mes las oficinas de la Fiscalía General. Los investigadores sostuvieron que descubrieron una red que cobraba pagos a cambio de proteger centros de llamadas fraudulentos que habían “blanqueado fortunas”.
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De acuerdo con la NABU, los fondos obtenidos mediante ese mecanismo se destinaron a adquirir inmuebles, joyas y otros bienes de valor. Kravchenko negó las acusaciones: en un mensaje publicado en Telegram, indicó que está fuera de Ucrania y anunció acciones legales contra el jefe de la NABU, a quien acusó de “falsificar documentos oficiales”.
El ex fiscal general también afirmó que pondrá el caso en conocimiento de socios internacionales. “Informaría a nuestros socios internacionales sobre la verdadera situación dentro de las autoridades anticorrupción, los indicios de una concentración descontrolada de influencia por su parte y los riesgos que esta práctica supone para la soberanía del Estado”, expresó.
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La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC) estima que los centros de llamadas fraudulentas de Ucrania emplean a 60.000 personas y pueden generar hasta USD 1.000 millones mensuales.
La corrupción constituye un problema persistente en el país y derivó en diversos escándalos desde la invasión rusa de 2022, incluso en las Fuerzas Armadas. En 2025, Zelensky intentó someter al organismo anticorrupción independiente a la autoridad de la Fiscalía General, aunque retiró la iniciativa tras las protestas públicas y las objeciones de países aliados.
(Con información de AFP)
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