El Parlamento de Sudáfrica anunció este lunes que constituirá un comité de destitución para reinvestigar las acusaciones de cuatro años de antigüedad contra el presidente Cyril Ramaphosa, quien supuestamente ocultó el robo de más de medio millón de dólares en efectivo que estaban escondidos en un sofá de su rancho privado de caza.
La decisión se produce tras un fallo del Tribunal Constitucional del viernes pasado, que declaró inconstitucional la votación parlamentaria de 2022 que bloqueó el proceso de destitución contra Ramaphosa. En aquel momento, su partido, el Congreso Nacional Africano (ANC), contaba con mayoría en la cámara.
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Esa votación se celebró pese a que un informe independiente había hallado indicios de irregularidades por parte del mandatario: presuntamente no notificó el robo a la policía de manera adecuada e intentó mantener en secreto la investigación para recuperar el dinero.
El Tribunal Constitucional determinó que el informe independiente de 2022 debía haber sido remitido a un comité de destitución para su investigación. La omisión de ese paso fue el fundamento central de la decisión judicial. Según la Constitución sudafricana, destituir al líder de la mayor economía del continente africano requeriría el respaldo de al menos dos tercios de los legisladores en el Parlamento de 400 miembros.
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El comité multipartidista aún debe completar su investigación antes de que pueda convocarse una votación de destitución, y el Parlamento no fijó ningún plazo para ese proceso.
Tras el fallo del viernes, su despacho ya había señalado que el mandatario respeta la decisión y “mantiene que ninguna persona está por encima de la ley y que cualquier acusación debe someterse al debido proceso sin miedo, favoritismo ni prejuicio”.
Ramaphosa negó haber cometido irregularidades y sostuvo que el dinero, en dólares estadounidenses, provenía de la venta legítima de búfalos en su rancho. No obstante, surgieron interrogantes sobre el origen de los fondos y las razones por las que estaban ocultos en un sofá.
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El informe independiente de 2022 señaló que existía “duda legítima” sobre la procedencia del dinero y recogió indicios de que la suma podría superar los USD 580.000 que el presidente reconoció. El documento también concluyó que Ramaphosa se valió del jefe de su unidad de protección presidencial y de otras personas para rastrear a los sospechosos de forma encubierta.
Las acusaciones fueron formuladas por primera vez por un exdirector de la agencia de seguridad del Estado sudafricano, quien se presentó en una comisaría en 2022 y acusó al presidente de lavado de dinero y otros delitos relacionados con los fondos. Entonces trascendió que el robo había ocurrido en 2020 y que había sido mantenido en secreto.
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El escándalo deterioró gravemente la imagen de un presidente que asumió el cargo en 2018 con un discurso anticorrupción, tras una década de escándalos de corrupción gubernamental bajo el mandato del expresidente Jacob Zuma. El ANC perdió su mayoría parlamentaria en las elecciones de 2024 y lidera actualmente un gobierno de coalición integrado por diez partidos. Ramaphosa podría sobrevivir a una eventual votación de destitución si los legisladores de su propio partido respaldan su continuidad.
(Con información de AP)
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