La plaza Bolótnaya, escenario de las mayores protestas antigubernamentales de la historia reciente de Rusia, fue este domingo el epicentro de la resistencia ciudadana contra el Kremlin. Esta vez, el motivo no fue la reelección de Vladímir Putin ni la guerra en Ucrania: los manifestantes salieron a la calle para reclamar el derecho a usar internet y a comunicarse a través de Telegram, la aplicación de mensajería más popular del país, cuyo bloqueo definitivo está previsto para el martes 1 de abril.
Las autoridades detuvieron a al menos 12 personas en Moscú, según informó el portal OVD-Info, especializado en el seguimiento de arrestos políticos. Entre los detenidos figuraba Alexandr Podrabinek, disidente soviético, periodista y escritor de 72 años cuya trayectoria de oposición se remonta a la época de Brézhnev: fue arrestado en 1978 por publicar Medicina punitiva, un estudio sobre el uso de la psiquiatría como herramienta de represión. La policía lo condujo a comisaría después de sorprenderlo tomando fotografías de la manifestación.
Las detenciones no se limitaron a la capital. OVD-Info registró también arrestos en San Petersburgo, Novosibirsk y Vorónezh. En esta última ciudad, un activista fue detenido mientras sostenía una pancarta con el lema “Basta de bloqueos y de censura”. Las autoridades rechazaron en las últimas semanas solicitudes de manifestación en más de una treintena de ciudades, forzando a los ciudadanos a elegir entre la resignación y el riesgo del arresto.
El contexto es el de una ofensiva sistemática del Estado contra las comunicaciones digitales. Roskomnadzor comenzó en febrero a limitar el funcionamiento de Telegram, argumentando que la plataforma incumple la legislación rusa al no colaborar con las fuerzas de seguridad. Pavel Durov, fundador de la aplicación, respondió que las restricciones buscan obligar a los ciudadanos a migrar hacia MAX, una aplicación estatal que el Kremlin promueve activamente como sustituto.
La campaña adquirió una nueva dimensión el 3 de marzo, cuando entró en vigor una ley firmada por Putin que faculta al Servicio Federal de Seguridad para ordenar el corte de internet móvil y fijo en cualquier punto del territorio. Los residentes de Moscú reportaron interrupciones masivas durante varios días, con afectaciones que llegaron hasta el Wi-Fi de la Duma Estatal. Según el diario económico Kommersant, menos de una semana de cortes en la capital pudo haber costado a las empresas entre 34,8 y 58 millones de dólares.
No es la primera vez que Moscú intenta suprimir Telegram. En 2018, Roskomnadzor ejecutó un bloqueo por orden judicial que fracasó técnicamente: para hacerlo efectivo, el regulador tuvo que cancelar más de 19 millones de direcciones IP, con daños colaterales en banca y comercio electrónico. El veto fue levantado en 2020. Esta vez, las autoridades aseguran haber perfeccionado sus herramientas: el vicepresidente del comité de política informativa de la Duma prometió que ni siquiera las VPN permitirán eludir el bloqueo.
Rusia cuenta con unos 90 millones de usuarios de Telegram. La aplicación la utilizan ciudadanos comunes, militares en el frente ucraniano y el propio Kremlin, lo que explica que la medida generara críticas incluso entre sectores afines al poder: blogueros militares la describieron como una ayuda involuntaria al enemigo.
La resistencia social, aunque dispersa y reprimida, señala que el Kremlin enfrenta un problema distinto al de 2018: entonces, Telegram era una opción entre varias; hoy, tras el bloqueo de WhatsApp, Instagram y Facebook, es la última ventana abierta al exterior para millones de rusos. Clausurarla no es solo una decisión tecnológica. Es un paso más hacia el aislamiento digital que Moscú ha estudiado en China e Irán, y que busca aplicar, con mayor urgencia, en un país en guerra consigo mismo.
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