Bolivia decidió retomar la erradicación de cultivos de hoja de coca tras casi un año de suspensión. El gobierno encabezado por Rodrigo Paz reanudó estas acciones en una ceremonia en Chimoré, en el centro del país, donde se habían interrumpido por conflictos internos en la administración anterior.
El objetivo es controlar la expansión de los cultivos y restablecer la institucionalidad estatal.
La reactivación de la erradicación ocurre después de que las tensiones entre los expresidentes Luis Arce y Evo Morales paralizaron el proceso durante 2025.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) informó que la superficie cultivada aumentó un 10% en 2025 y podría haber alcanzado las 40.000 hectáreas, superando el límite legal de 22.000 hectáreas establecido en la ley promulgada en 2017 durante el mandato de Morales.
En el acto simbólico de inicio, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que la administración busca recuperar la institucionalidad y el respeto a la ley. Además, expresó la disposición de las autoridades a dialogar con los productores y destacó que el proceso debe realizarse con consenso, con el objetivo de evitar la expansión del narcotráfico.
La operación comenzó en el Trópico de Cochabamba, región con alta producción de hoja de coca y base política de Morales. La presencia de las autoridades generó vigilias de cocaleros afines al exmandatario, quienes manifestaron su desconfianza hacia el gobierno.
Efraín Seña, dirigente cocalero, señaló en la radio Kausachun Coca que los productores aceptarían la erradicación si se respeta la normativa vigente, aunque mantienen reservas sobre la actuación estatal.
El gobierno de Rodrigo Paz asumió en noviembre y modificó el enfoque de la política exterior boliviana, acercándose a Estados Unidos y facilitando la cooperación con la Administración de Control de Drogas (DEA).
Según informó AP, ambas partes trabajan en el intercambio de información y preparan un acuerdo para el regreso de la DEA tras 18 años fuera del país.
En la ceremonia participaron también el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, y la representante de la UNODC en Bolivia, Mónica Mendoza, responsable de supervisar los cultivos y monitorear la aplicación de la ley.
Justiniano instó a los productores legales a colaborar con las autoridades en la lucha contra la producción ilícita y reiteró la intención de buscar acuerdos con los sectores involucrados.
Bolivia es actualmente el tercer productor mundial de hoja de coca, detrás de Colombia y Perú. La expansión de las plantaciones, destinadas tanto a usos tradicionales como al narcotráfico.
La operación seguirá bajo la supervisión de organismos internacionales y el compromiso gubernamental de mantener el respeto a la ley y el diálogo con los sectores afectados, en un contexto político y social que mantiene la atención tanto de las comunidades productoras como de los observadores internacionales.
(Con información de AP y EFE)
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