El régimen iraní ejecutó a un número récord de presos en 2025, con 2.000 ahorcamientos, según denunció este miércoles Human Rights Watch (HRW) en su informe anual. La organización destacó que, además de las ejecuciones, se registraron detenciones arbitrarias y una persecución sistemática contra mujeres, minorías religiosas y disidentes.
HRW señaló que las autoridades iraníes impusieron la pena de muerte de manera sistemática tras juicios “gravemente injustos” y por delitos que no constituyen los “más graves”, como casos relacionados con drogas o cargos de seguridad nacional definidos de forma ambigua.
El Centro Abdorrahman Boroumand, con sede en Estados Unidos, reportó que Irán ejecutó a unas 2.000 personas en 2025 —la cifra más alta desde finales de los años 80—, de las cuales la mitad corresponde a delitos vinculados a estupefacientes, en contravención de la normativa internacional.
La Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán de la ONU advirtió que estas ejecuciones podrían constituir crímenes contra la humanidad. “Si las ejecuciones forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, como política de gobierno, entonces los responsables —incluidos los jueces que imponen la pena capital— pueden ser considerados responsables de crímenes de lesa humanidad”, señaló la misión en un informe citado por HRW.

El informe también denunció que el régimen intensificó el uso de la pena de muerte en casos políticos, especialmente contra mujeres. Un ejemplo es la activista Zahra Shahbaz Tabari, condenada a la horca por “rebelión armada” tras un juicio que, según ella, no duró más de 10 minutos.
Entre los 2.000 ejecutados figuran Mojahed Kourkour y Merhan Bahramian, sentenciados por su participación en las protestas de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial por no llevar el velo islámico de forma “adecuada”.
Durante 2025, Irán experimentó un aumento significativo en los arrestos arbitrarios de ciudadanos, según denuncias de organizaciones internacionales. En agosto, la Policía iraní informó la detención de 21.000 personas durante la llamada “guerra de los 12 días” con Israel, acusadas de manifestar “apoyo” o “alegría” por la ofensiva israelí.
La represión también alcanzó a activistas de derechos humanos. Entre los casos más destacados figura el de la Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, detenida en diciembre junto a otras 38 personas durante el entierro de un abogado que falleció en circunstancias poco claras.
HRW denunció que en la República Islámica de Irán las mujeres y niñas siguen enfrentando una discriminación y violencia graves, producto de leyes que les niegan igualdad de derechos en ámbitos como el matrimonio, el divorcio, la herencia y la custodia de los hijos. Estas normativas perpetúan su condición de ciudadanas de segunda clase.

Cabe mencionar que el informe de HRW no abarca la última gran represión de las protestas iniciadas el 20 de diciembre, que comenzaron por demandas económicas y rápidamente derivaron en pedidos del fin del régimen islámico.
Según cifras oficiales, esas movilizaciones dejaron 3.117 muertos, mientras que organizaciones opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos, elevan la cifra a 6.842 fallecidos, investigan otros 11.000 posibles homicidios y contabilizan más de 40.000 arrestos.
“Me gustaría informar con tristeza a la noble nación de Irán que el número total de víctimas de los recientes acontecimientos es de 3.117”, afirmó el presidente iraní Masud Pezeshkian en un comunicado oficial el domingo 1 de febrero.
El mandatario explicó que la diferencia de 131 personas entre el total declarado y la lista publicada con 2.986 nombres “se debe a la identidad desconocida de varias personas y a las discrepancias en el registro del documento nacional de identidad”, que serán incluidas en una lista complementaria una vez corregidas.
(Con información de EFE)
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