Los sindicatos nucleados en la Central Obrera Boliviana (COB) cumplieron este miércoles su décima jornada consecutiva de protestas en La Paz contra el decreto 5503, disposición que eliminó la subvención estatal a los combustibles tras más de veinte años de vigencia.
La movilización, integrada principalmente por mineros y obreros fabriles, recorrió el centro de la ciudad bajo la consigna de la “abrogación” de la medida, mientras el Gobierno de Rodrigo Paz reiteró su invitación al diálogo. En esta ocasión, la marcha se desarrolló sin enfrentamientos con la policía, a diferencia de jornadas anteriores.
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El decreto presidencial, promulgado el 17 de diciembre, fijó precios de 6,96 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel, lo que representa un aumento del 86% para la gasolina y del 162% para el diésel en comparación con los valores subvencionados previamente.
Mario Argollo, secretario Ejecutivo de la COB, declaró ante medios de comunicación que solicitan al Gobierno la abrogación del decreto y la elaboración de una nueva normativa “con la participación de todos los sectores vivos del país” y no de manera unilateral. Argollo sostuvo que el Ejecutivo busca “desmovilizar y hacer cansar” a los trabajadores, quienes mantienen la protesta desde días previos a la Navidad.
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La invitación oficial al diálogo fue reiterada este miércoles por René Flores, viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, quien ratificó el llamado a iniciar una mesa de negociación el próximo lunes. La semana anterior ya se había intentado establecer un acercamiento, pero los dirigentes sindicales condicionaron cualquier negociación a la anulación previa del decreto 5503.
Andrés Paye, máximo dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), aseguró que la normativa busca “distraer” a la población respecto al verdadero objetivo, que según su versión sería permitir la venta de recursos naturales y empresas estatales a capitales extranjeros.
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La COB concluyó la jornada con una reunión interna para definir su postura ante la invitación gubernamental, manteniendo mientras tanto la huelga indefinida decretada hace diez días.
El Gobierno complementó la eliminación de la subvención con otras medidas económicas, como el incremento del salario mínimo de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares), el aumento de bonos a estudiantes del sistema público y de la renta para adultos mayores sin aportes a la seguridad social, así como incentivos para inversiones privadas y extranjeras. Las autoridades consideraron que el decreto es “perfectible”, pero reiteraron que la eliminación del subsidio será sostenida. El Ejecutivo reportó una caída de hasta el 50 % en la demanda interna de diésel desde la entrada en vigor de la normativa.
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La COB, que fue aliada política de los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, se mantiene como actor central en la actual confrontación social.
(Con información de EFE)
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