
El Reino Unido prohibirá hervir langostas vivas como parte de una nueva estrategia para reforzar la legislación de bienestar animal, una iniciativa que marca un avance significativo en las políticas del país. La medida, impulsada por el actual gobierno laborista, extiende la protección legal a crustáceos y cefalópodos, reconociendo su capacidad para experimentar dolor, según revelaron Financial Times y The Telegraph.
Este cambio ha generado un debate intenso entre activistas por los derechos de los animales y representantes de la industria de mariscos, que anticipan posibles repercusiones económicas y comerciales.
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La estrategia presentada por el gobierno establece la prohibición de hervir langostas vivas como método de sacrificio y define nuevas directrices sobre prácticas consideradas inhumanas, incluida la ebullición de crustáceos vivos.

El documento oficial, citado por Financial Times, califica la iniciativa como “la más ambiciosa en una generación” e incluye medidas complementarias, como la prohibición de la caza con perros, el uso de trampas y el disparo de liebres durante la temporada de cría. Asimismo, contempla la eliminación progresiva de jaulas para gallinas y cerdos, y mayor control sobre la cría y transporte de mascotas.
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Un portavoz de Downing Street explicó a Financial Times que la estrategia busca alinear la regulación con las prácticas implementadas por los supermercados británicos para mejorar la calidad de los alimentos.
El marco legal se sostiene en la Ley de Bienestar Animal de 2022, que reconoció a los crustáceos decápodos —como cangrejos, langostas y camarones— y a los cefalópodos —como calamares y pulpos— como seres sintientes.
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Aunque esa ley no prohibió entonces la ebullición en vida, la nueva normativa subsana esa omisión. Ambas publicaciones subrayan que la inclusión de estos animales responde a evidencia científica sobre su capacidad de sufrir.

Las organizaciones de defensa animal han celebrado la novedad. Crustacean Compassion, colectivo que impulsó la medida, saludó la decisión. Ben Sturgeon, su director ejecutivo, declaró a The Telegraph: “Acogemos con satisfacción la intención del Gobierno de prohibir la ebullición de crustáceos conscientes y abordar otras áreas donde su bienestar se ve comprometido”.
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Sturgeon añadió que existen alternativas más humanas, como el aturdimiento eléctrico antes del sacrificio, que pueden aplicarse en toda la cadena de suministro.
Según el activista, este avance resulta fundamental, ya que “cuando los crustáceos decápodos vivos y conscientes se introducen en agua hirviendo, sufren varios minutos de dolor extremo antes de morir”.
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Una encuesta de YouGov citada por The Telegraph sostiene que el 65% de los adultos británicos se opone a hervir mariscos vivos, mostrando un respaldo social considerable a la regulación.

La voz crítica proviene principalmente del sector marisquero y los restaurantes, que alude a los impactos operativos y económicos de la medida. James Chiavarini, dueño de restaurantes en Londres, puso en duda la viabilidad de los métodos alternativos: “La electrocución es una idea absurda. ¿Qué se supone que hagamos, enchufar las langostas a una toma de corriente? Sinceramente, ningún restaurante va a electrocutar a las langostas antes de hervirlas”, afirmó en diálogo con The Telegraph.
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David Jarrad, director ejecutivo de la Shellfish Association of Great Britain, advirtió que el coste de los equipos de aturdimiento, que ronda £3.500, podría llevar a muchos restaurantes y hoteles a optar por importar mariscos congelados. Según Jarrad, “si alguien quiere comprar un cangrejo o una langosta vivos, no pagará por un producto que ya esté muerto”, y subrayó que la cadena de suministro ya tiende a minimizar el estrés animal para mantener la calidad.
La estrategia de bienestar animal provocó inquietud entre agricultores y sindicatos, quienes alertan que el aumento de las exigencias podría colocar en desventaja a los productores británicos frente a importaciones de países con estándares menos rigurosos.
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Tom Bradshaw, presidente de la National Farmers’ Union, expresó a Financial Times que “si el gobierno eleva aún más los estándares nacionales de bienestar animal, debe proteger a los consumidores de alimentos importados que podrían estar producidos con normas inferiores, y evitar que los agricultores británicos compitan en desigualdad de condiciones”.
La posición oficial es que no se firmarán acuerdos comerciales que permitan la entrada de productos que incumplan los estándares británicos, y que podrían imponerse limitaciones a las importaciones para evitar competencia desleal.
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Más allá de la prohibición sobre la ebullición de langostas vivas, la estrategia oficial incluye la eliminación progresiva de jaulas enriquecidas para gallinas y jaulas de parto para cerdas, así como la prohibición de la caza con perros y el uso de trampas. El gobierno prevé también reforzar la regulación sobre la cría y transporte de mascotas y promete una aplicación más estricta donde los estándares sean bajos.
Emma Reynolds, secretaria de Medio Ambiente, explicó a Financial Times que la estrategia implica “una regulación más estricta donde los estándares son más débiles, una aplicación efectiva y el trabajo conjunto con el sector para ofrecer apoyo adicional a los cuidadores y propietarios de animales”.
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