En una inusual demostración de acuerdo político, el gobierno italiano de Giorgia Meloni y la oposición de centroizquierda alcanzaron este miércoles un consenso histórico para reformar la legislación sobre violencia sexual, introduciendo por primera vez en el código penal el concepto de consentimiento como elemento fundamental para determinar cuándo un acto sexual constituye un delito.
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó una enmienda que modifica el artículo 609-bis del código penal italiano, estableciendo que “quien realice o haga realizar actos sexuales a otra persona sin el consentimiento libre y actual de esta” será castigado con pena de prisión de seis a doce años.
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El acuerdo, alcanzado tras negociaciones entre la primera ministra Meloni y la líder del Partido Democrático, Elly Schlein, representa un cambio de paradigma en la legislación italiana. Hasta ahora, la norma vigente definía la violencia sexual únicamente cuando se ejercía “con violencia, amenaza o abuso de autoridad”, sin mencionar explícitamente el consentimiento de la víctima.
Los conceptos clave: consentimiento “libre” y “actual”
La reforma introduce dos conceptos clave: que el consentimiento sea “libre” y “actual”. Mientras que lo primero resulta más intuitivo, el término “actual” tiene implicaciones profundas. Significa que el consentimiento debe existir durante todo el acto sexual, desde el inicio hasta el final, y puede ser revocado en cualquier momento. Además, el consentimiento otorgado en una ocasión anterior no es válido para futuros encuentros.
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“Este nuevo texto representa un importante cambio cultural, porque con demasiada frecuencia hemos visto a mujeres obligadas a justificarse incluso ante la violencia”, afirmó Michela Di Biase, del Partido Democrático, una de las autoras de la enmienda. “El sexo sin consentimiento es violación. Es un hecho y, sin embargo, Italia aún carece de una ley que lo reconozca explícitamente”.
El modelo anterior, conocido como “modelo vinculado”, centraba la tipificación del delito en la costrición física o la amenaza. Esto dejaba sin protección legal adecuada situaciones donde la víctima no ofrecía resistencia visible, pero tampoco había dado su consentimiento.
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Esta limitación resultaba particularmente problemática en casos de “congelamiento” o “freezing”, un fenómeno documentado en estudios internacionales donde las víctimas experimentan una parálisis física y psicológica que les impide reaccionar ante la agresión. Algunas sentencias judiciales en Italia habían considerado la falta de resistencia como un atenuante o incluso motivo de absolución.
La nueva legislación invierte la carga de la prueba: ya no será la víctima quien deba demostrar que se resistió, sino el acusado quien deberá probar que existió consentimiento. “Finalmente se revierte la perspectiva”, explicó al Corriere della Sera la abogada Cathy La Torre, especialista en violencia de género.
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La reforma también resulta crucial para casos de violencia sexual dentro de relaciones de pareja, que representan aproximadamente un tercio de los casos de violación en Italia y que históricamente han permanecido en silencio.
El cambio legislativo alinea a Italia con la Convención de Estambul, el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres, ratificada por Italia en 2013. Ese tratado define la violación como “relación sexual sin consentimiento”, un requisito que los expertos del Consejo de Europa habían instado repetidamente a Italia a incorporar en su legislación.
La enmienda fue presentada conjuntamente por Di Biase y Carolina Varchi, de Hermanos de Italia, el partido de Meloni, quien celebró el avance “en la protección de las mujeres” y agradeció la colaboración bipartidista.
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El proyecto de ley será remitido al pleno de la Cámara de Diputados el próximo lunes 17 de noviembre, donde se espera su aprobación antes de pasar al Senado para completar el trámite legislativo.
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